Guillermo Anaya exhortó al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Estatal de Coahuila para que se profundicen las investigaciones de las denuncias presentadas en contra de Humberto Moreira y Javier Villarreal. (Archivo)
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado federal, Guillermo Anaya, presentó un punto de acuerdo mediante el cual se hace un exhorto al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo Estatal de Coahuila para que se profundicen las investigaciones de las denuncias presentadas en contra del ex gobernador Humberto Moreira y del ex titular del SATEC de la entidad, Javier Villarreal, así como para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, inicien el procedimiento respectivo ante las autoridades de Estados Unidos para la extradición a México de Villarreal y se recupere el dinero que se le incauto en el vecino país.
En su exposición de motivos, Anaya dijo que "la impunidad es uno de los lastres más penosos que enfrenta nuestro país y que por ello ve con beneplácito que el actual gobierno federal este emprendiendo acciones judiciales contra aquellos servidores públicos que manejan los recursos públicos como si fueran propios", poniendo como ejemplo los casos del los ex gobernadores de Aguascalientes y de Tabasco, por lo que consideró urgente que se agilicen y profundicen las investigaciones de las denuncias presentadas contra los ex funcionarios de Coahuila mencionados.
El diputado señaló que "es de todos conocido el caso de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, que hundió en la peor crisis económica, política y social a su estado durante su mandato y que a pesar de las acusaciones de los coahuilenses, no se ha procedido en su contra, y que lejos de enfrentar a la justicia, este personaje ahora reaparece en la vida pública regalando relojes de pared con su imagen, como si la deuda contraída en su administración fuera menor o se hubiese ya olvidado".
Consideró que actitudes como éstas, son precisamente las que la sociedad coahuilense repudia y exige a sus autoridades la aplicación de la ley, de manera clara, precisa e imparcial como sucede con cualquier ciudadano.
