Representantes de municipalidades, organizaciones comunales y ciudadanos de la provincia de Limón (caribe costarricense) protestaron hoy con el fin de que la Asamblea Legislativa apruebe un crédito chino para la modernización de un tramo de la ruta 32, que comunica a esa zona con San José.
"Es una carretera que está en rojo desde hace 10 años, la cantidad de carros que pasan por la ruta se duplicó con el tiempo y ya no se puede transitar", indicó a Efe el vocero del grupo Fuerza Caribe, Johnny Vargas.
Los manifestantes salieron en vehículos de Guápiles, Limón, ubicado a 50 kilómetros al este de la capital, y finalizaron frente a la Asamblea Legislativa, donde reclamaron la falta de avance en el proyecto y conversaron con algunos diputados que apoyan el proyecto de la carretera.
Los limonenses recorrieron la capital en sus vehículos y circularon a baja velocidad, haciendo 'tortugismo', lo que provocó congestión vial.
El organizador de la marcha, Wilberth Picado, aseguró a Efe que "los problemas son evidentes en la carretera".
"El espacio es insuficiente y hay que pensar en dos carriles (por sentido) mínimo y de manera urgente. El tema es que la ruta colapsó y los diputados no quieren ver eso. La única forma de mejorar la ruta 32 es con la aprobación del proyecto que tanto necesitamos los limonenses", aseveró Picado.
El proyecto de modernización, que cuenta con el apoyo del Gobierno, implica la ampliación de 107 kilómetros de la carretera, que conecta con los puertos del Caribe, los más importantes del país.
Las obras estarían a cargo de la empresa china CHEC y serían financiadas con un crédito por 395,7 millones de dólares otorgado por el Banco de Exportación e Importación de China (EXIMBANK), mientras el Gobierno costarricense aportará una partida de 89,9 millones de dólares.
Dentro de las obras por construir están 36 puentes, 13 pasos a desnivel, 26 kilómetros de vías exclusivas para bicicletas, 23 puentes peatonales, 26 kilómetros de calles paralelas y 176 espacios para paradas de autobús.
Sin embargo, algunos diputados se oponen al proyecto porque consideran que los costos de la vía son demasiado elevados, que la empresa china está cuestionada a nivel internacional y que hay cláusulas negativas para el país centroamericano en el contrato.
