Flores, acusado de presunta corrupción, fue trasladado a una celda policial después de que un tribunal de apelaciones anuló el arresto domiciliario. (Archivo)
El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, acusado de corrupción, guarda prisión en “precarias y deprimentes” condiciones, al igual que más de cuatro mil reos, dijo hoy el ombudsman del país, David Morales.
Morales dijo a Notimex que personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) visitó a Flores en su celda de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía desde la semana pasada, como parte de la verificación para garantizar los derechos de los privados de libertad.
“Nosotros como Procuraduría debemos vigilar porque reciba un trato digno y que no se encuentre en una situación atentatoria contra sus derechos fundamentales”, aunque esté privado de libertad, indicó el titular de la institución humanitaria.
El exgobernante (1999-2004) está “en las condiciones de toda persona que se encuentra en el sistema de las bartolinas policiales, que son más de cuatro mil. Son condiciones atentatorias a la dignidad humana”, aseguró el funcionario.
Morales explicó que los más de cuatro mil reos que aguardan están en condiciones de espacios reducidos, de higiene limitada, poca luz y por consiguiente un ambiente “deprimente”.
Atribuyó el elevado número de reos en las celdas de castigo de la Policía Nacional Civil (PNC), a que el actual sistema carcelario de El Salvador solo tiene cabida para ocho mil y ha rebasado su capacidad en los centros penales “en más del 300 por ciento de sobrepoblación”.
De acuerdo con el procurador, Flores, acusado de haberse apropiado de 15.3 millones de dólares provenientes de donaciones de Taiwán, está separado en una celda con seguridad, lo que le da mejores condiciones que el resto de internos, los que están en grupo y hacinados, pero “aún así es bastante deprimente”.
Indicó que Flores conversó con el personal de la PDDH y ha pedido mejorar su condición y en ese sentido la institución va actuar ante las autoridades de seguridad para ver en qué medida se hace algo con él y con todos los privados de libertad en las bartolinas de la PNC, como un acto humanitario.
Como parte del seguimiento sin precedentes al sonado caso del expresidente, Morales manifestó su preocupación porque pese a que hay muchos indicios de haberse configurado el delito de lavado de activos, la Fiscalía aún judicializa el proceso.
El mismo requerimiento de la Fiscalía, en su “descripción de los hechos relata una secuencia de flujos de dineros a través de diversas transacciones bancarias, que en definitiva genera el ocultamiento de origen ilícito de los fondos, lo cual es un vacío notable en la judicialización del caso”, expresó el ombudsman.
Exhortó al fiscal general, Luis Martínez, a que termine de judicializar el caso investigando el delito de lavado de dinero, al tiempo que añadió que está a la espera de un informe que ha solicitado a dicho funcionario sobre este punto.
Insistió que el procurador tiene la plena facultad de verificar el debido proceso en los casos de que sean “de nuestro interés.
Además, la comisión legislativa que también investiga el caso ha pedido a la PDDH que de seguimiento al proceso del exmandatario, lo mismo que organizaciones sociales y querellantes de la sociedad en dicho proceso.
El ombudsman recordó que la PDDH tiene que estar vigilante en la actuación de las autoridades de impartir justicia porque tienen la capacidad de verificación, por lo que interviene en este caso.
En ese sentido, Morales sostuvo que emitió una resolución contra el cuestionado juez Primero de Instrucción de la causa, Levis Orellana, por violar el debido proceso a su decisión de declarar una reserva total del caso, pero que debido a la presión social la corte retiró la medida.
El juez violentó a la PDDH por negar un informe solicitado de dicho proceso, que incluso pedía que se fundamentara porque había dictado prisión domiciliar a Flores, dijo Morales, quien manifestó que al menos debería tener una sanción administrativa.
Pese a todas las contradicciones, el incumplimiento y la poca transparencia, el procurador confió en que se avanzará porque el trabajo de la contraloría ciudadana ha sido muy destacable y sin precedente en este sonado caso.
Recordó que desde que Flores se entregó a los tribunales el pasado 5 de septiembre, la contraloría ciudadana ha sido muy fuerte y “me parece que esto generará una demanda social a los funcionarios que están actuando en todo el proceso”.
