Con todo y alternancia política, el ejercicio del poder en México sigue estando marcado por la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas. El "estilo" de gobernar de quienes ocupan las estructuras rectoras del Estado mexicano está siempre por encima de la institucionalidad y las normas. Los errores y abusos del pasado, nunca reconocidos cuando suceden, son encarados en lo sucesivo con correctivos, ajustes y el clásico "borrón y cuenta nueva", pero muy pocas veces con la presentación ante la justicia de los responsables de cierto desastre público o de una calamitosa decisión. De la mano de la discrecionalidad va su hermana la impunidad.
Numerosos ejemplos de esto hay en los tres niveles de administración pública en México. El Gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, acaba de lanzar un plan antisecuestros como respuesta al incremento alarmante que ha tenido este delito en los últimos años. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013 se registró la cifra máxima de secuestros desde 1997. Sin embargo, este nuevo plan es el cuarto que se lanza en 17 años y los tres previos, uno por cada administración desde el priista Ernesto Zedillo hasta el panista Felipe Calderón, estuvieron muy lejos de frenar el ilícito de referencia. ¿Qué pasó con los responsables de estos planes? ¿Dónde quedaron los miles de millones de pesos invertidos? Sin mayores consecuencias, ahora se reconoce el fracaso negado por los gobiernos pasados y se dispone una nueva estrategia con la que "ahora sí", dicen, se va a combatir de forma eficaz al secuestro.
Lo mismo ocurre con la llamada Cruzada nacional contra el hambre, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social con el objetivo de sacar de la pobreza extrema a millones de mexicanos. No es la primera vez que esto se intenta y gran parte del fracaso de los planes anteriores se debe al uso clientelar de los recursos públicos de los programas. Lucrar políticamente con la miseria no sólo es moralmente criticable sino que constituye una violación a la ley, pero hasta ahora, salvo excepciones que dejan intacto el modelo partido-cliente, no ha habido un actuar decidido para erradicar estas prácticas y construir en serio una estrategia económica que brinde a los que menos tienen la oportunidad de salir adelante por su propia cuenta. De la misma manera que ocurre con los planes de seguridad, miles de millones de pesos se han mal invertido con el pretexto del combate a la pobreza.
En el ámbito estatal también existen casos que motivan a la indignación. Sobresale sin duda el asunto de la deuda de 36 mil millones de pesos en Coahuila, contratada en parte con documentos falsos, sin autorización del Congreso del Estado y con un ejercicio por demás opaco de los recursos. Pese a lo anterior, los diputados de la pasada legislatura decidieron legalizar en noviembre de 2011 la deuda en su conjunto condenando así al erario coahuilense a destinar durante veinte años buena parte del presupuesto, el cual debería usarse para mejorar las condiciones de vida de la población. Debido a esto, el Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, ha tenido que aplicar severos ajustes para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas, pero hasta ahí se ha quedado el compromiso. Al día de hoy no hay un sólo funcionario de la pasada administración presentado ante la justicia y de las averiguaciones previas se desconocen los avances. De los legisladores que avalaron el desastre, muchos de ellos hoy siguen en la función pública, ejerciendo cargos en los tres niveles de gobierno, ya sea en el poder legislativo o ejecutivo. Sin castigo ni verdadera rendición de cuentas, pensar que esto no volverá a ocurrir es una ingenuidad.
En la región, la obra pública es uno de los más claros síntomas de la discrecionalidad e impunidad con que se ejerce el poder. En este sentido, emblemático caso es el Distribuidor Vial Revolución, el cual costó al erario 410 millones de pesos en su construcción, demolición y reconstrucción. Al igual que la deuda, hasta ahora no hay castigo a los responsables de las fallas que llevaron a tirar la "magna obra" en La Laguna del sexenio de Enrique Martínez y Martínez. Y es natural que ante la dejadez y la ausencia de responsabilidad, el mal ejemplo se convierta en norma. Para la construcción del complejo de la Plaza Mayor y el nuevo palacio municipal de Torreón -proyecto del gobierno de Humberto Moreira que terminó pagando en su mayor parte el ayuntamiento- la administración de Eduardo Olmos compró predios a un precio mucho más alto que el real. Luego de años de obras, el complejo hoy está en funciones y ya nadie se pregunta dónde están los responsables de ese fraude. Un caso más reciente es el Bosque Urbano, en el cual se invirtieron 140 millones de pesos y, no obstante que no tiene ni un año de inaugurado, el ayuntamiento actual proyecta gastar más recursos para "rescatarlo" debido a las múltiples fallas que tiene, fallas que el gobierno local anterior se empeñó en negar. Y, como siempre, no hay responsables.
El colmo de este cáncer que aqueja al ejercicio de la función pública quizá lo encontremos en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón. La historia reciente de este organismo parece inverosímil, pero es real. Las diversas auditorías hasta ahora practicadas han revelado serias irregularidades desde la administración antepasada, encabezada por el panista José Ángel Pérez, y en la que acaba de terminar, del priista Eduardo Olmos, y hasta ahora ninguna autoridad estatal o municipal ha llamado a cuentas a los causantes, en buena medida, de la crisis por la que atraviesa la empresa descentralizada. Incluso, varios de ellos han entablado juicios laborales contra el sistema, los cuales han ganado, provocando así un deterioro mayor al patrimonio del mismo.
A la luz de lo antes dicho, mientras se imponga la discrecionalidad y la impunidad sobre la institucionalidad y la rendición de cuentas en los gobiernos, será muy difícil que las condiciones en el ejercicio del poder cambien. Es necesario subir el costo al mal proceder de los funcionarios públicos, de lo contrario veremos cómo se sigue sangrando al erario una y otra vez.
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