Una reflexión
El tema del alumbrado público, su concesión, la instalación, modernización, etcétera, ha ocupado la atención de los medios. El cobro de los derechos por ese servicio, que es el más caro de Coahuila, y creo yo de todo el país, a nadie le merece siquiera una reflexión.
El servicio se cobra en relación inversa a la capacidad económica del usuario, contribuyente además en este caso. Así quien por no tener aparatos electrodomésticos, aire acondicionado o tal vez ni siquiera ventiladores, y su consumo de energía es de $150 pagará IVA por $24 y además $75 pesos por derechos de alumbrado al bimestre. Por lo tanto, el treinta por ciento de su recibo bimestral es por alumbrado público.
Cuando un usuario tiene cierta capacidad para pagar mayor consumo porque usa aire, algunos electrodomésticos, etcétera, y utiliza energía por $300, su recibo incluirá $48 de IVA y $140 por DAP y en este caso este importe representa el 29 % del total del recibo.
La Ley establece un tope de $140 bimestrales, así que un consumo de $1,000 genera una facturación de $1,300 (mil pesos más IVA; más DAP $140) en este caso ya el usuario paga un recibo en el que los derechos de alumbrado público le representan un 10.77 % y así sucesivamente, conforme el consumo sea mayor, el impacto en el recibo es menor. A mayor capacidad económica, menor el impacto.
Los representantes de los organismos empresariales, tal vez ni cuenta se dieron del atraco en la Ley de Ingresos Municipales en donde se fija el procedimiento para haber calculado el cobro de esa manera, porque a ellos no les afectó. Los más afectados que son los ciudadanos paganos del 50 % que no tienen recursos para ir a buscar un amparo.
Desgraciadamente, los partidos políticos que eran de oposición han desaparecido en Coahuila. Yo nunca supe que se hubieran manifestado en contra de ese apartado de la Ley de Ingresos, que a todas luces es incongruente y anticonstitucional.
Brevemente transcribo el razonamiento infantil de los diputados: “para el cobro de los derechos de alumbrado público, se dividirá el costo que tenga este servicio entre el número de usuarios y otras tomas no registradas (colgados, supongo), y habiendo resultado $ 70 mensuales, será ése el cobro que se aplicará como máximo.”
Suena como si en ese momento los diputados tomaron una calculadora y dictaron a los escribanos ese apartado de la ley.
El cobro es excesivo. No pretendo que a los usuarios de $300 les suban la tarifa, más bien que los medios de comunicación y los líderes de la IP manden investigar cuánto se cobra en otras partes del país este servicio.
Orestes Tabares,
Ciudadano de Torreón.
