Una de las grandes contradicciones políticas de la República Mexicana es que mientras la Constitución considera que el municipio es la célula del Estado-nación, es decir, su parte esencial por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, en la realidad los ayuntamientos son los entes gubernamentales más débiles y vulnerables. Y contrario a lo que la lógica indica, la tendencia a nivel nacional desde el sexenio pasado es quitarle facultades y atribuciones, en vez de buscar la forma de fortalecerlo. Esta tendencia representa un grave riesgo no sólo para la incipiente democracia mexicana, sino para la viabilidad de la propia República y, en suma, el desarrollo del país.
La semana pasada, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó un paquete de diez acciones que él considera necesarias para fortalecer el estado de derecho en México, a la luz de la descomposición política y social confirmada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Dos de los puntos señalados tienen que ver con los ayuntamientos.
En uno se anuncia la eliminación de las policías municipales como tales y la creación en su lugar de 32 policías estatales controladas directamente por los gobernadores. Con esta iniciativa se revive el proyecto del cuestionado exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien consideraba a las corporaciones únicas de las entidades el paso previo para la creación de una sola policía nacional.
El otro punto habla sobre la posibilidad de que la Federación asuma el control de la administración de las ciudades tras la disolución de los ayuntamientos cuando "existan indicios de que están involucrados con la delincuencia organizada".
Más allá de los cuestionamientos que el "decálogo" del primer mandatario han despertado por la ausencia de autocrítica a su gestión y por la clara intención de responsabilizar a los otros niveles de gobierno de la situación en la que se encuentra el país, las medidas proyectadas representan un retroceso en el objetivo que toda nación democrática debe perseguir: el fortalecimiento del nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía.
Bien lo dicen David Arellano y Enrique Cabrero, coordinadores de Los gobiernos municipales a debate. Un análisis de la institución municipal a través de la Encuesta Inegi 2009, libro imprescindible para entender la realidad contemporánea de los ayuntamientos en México: "(…) los países que destacan en el mundo por sus niveles de desarrollo, bienestar y fortaleza democrática son países que han hecho de la vida local la fuerza del conjunto nacional. (…) En el mundo actual, un país con gobiernos locales débiles es en sí un país débil, no hay que olvidar este principio".
Aunque en el discurso el objetivo de las iniciativas de Enrique Peña Nieto es reforzar el estado de derecho en las ciudades y sus entornos, lo cierto es que su planteamiento va en contrasentido, ya que despoja a los ayuntamientos de algunas de sus facultades y deja intactas las debilidades que ya de por sí enfrentan, las cuales están claramente explicadas en el libro que cité en el párrafo anterior.
Las razones por las que muchos gobiernos municipales han sido penetrados por el crimen organizado y por las que otros tantos no han logrado hacer frente a los desafíos de la seguridad están expuestas en la mencionada publicación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): representatividad y legitimidad nulas; escasa participación ciudadana; excesiva dependencia financiera; ausencia de profesionalismo; coordinación metropolitana y asociación supramunicipal incipientes; diluidas y débiles agendas locales; modelos obsoletos y poco ajustados a la realidad, y, por último, falta de continuidad de proyectos.
Pero de estas debilidades surgen propuestas para caminar hacia un real fortalecimiento del ayuntamiento como institución primaria de representación ciudadana, lejos del modelo actual que hace de este nivel de gobierno una oportunidad para la corrupción y la rapacidad de grupos políticos. Propuestas que, dicho sea de paso, nada tienen que ver con lo que se plantea actualmente a nivel nacional en los principales partidos representados en el Congreso de la Unión y desde el Ejecutivo federal.
I. Establecer una verdadera representación popular en los cabildos a través de la votación directa de síndicos y regidores y no por planilla y representación proporcional, como ahora ocurre. Esto aumentaría la legitimidad del órgano colegiado municipal ya que un ciudadano, de acuerdo a su ubicación territorial, tendría en el cabildo un representante directo.
II. Aumentar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, pero no con modelos de órganos consultivos, sino con la creación de espacios institucionales deliberativos. Con ello, los habitantes de un municipio dejarían de ser sólo clientes-usuarios de servicios y contribuyentes para convertirse en ciudadanos con voz y voto en la toma de decisiones de la vida pública local.
III. Definir modelos de ayuntamientos acordes a las realidades de los municipios ya que estos presentan características muy distintas a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto en espacio físico cuanto en composición demográfica.
IV. Impulsar un nuevo esquema de federalismo fiscal que aumente la responsabilidad de los ayuntamientos, fortalezca sus mecanismos de rendición de cuentas, los haga menos dependientes de las partidas federales y cuenten con mayores recursos para su gestión.
V. Instaurar el servicio profesional de carrera de manera que todos los empleados municipales cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para desempeñar sus puestos de forma eficiente.
VI. Fomentar la coordinación entre los municipios conurbados y la asociación de ciudades por región para resolver de manera conjunta problemas similares. Esto es, sumar esfuerzos y recursos con un mismo fin, incluso, para contar con servicios unificados a más bajo costo.
VII. Fortalecer la agenda política local. Es decir, las ciudades deben dejar de depender de la agenda nacional que imponen los grandes partidos políticos y que pocas veces tiene que ver con la problemática que se vive en las ciudades y sus regiones.
VIII. Garantizar la continuidad de los proyectos municipales. Esto puede ser a través del aumento de los periodos de gestión, la posibilidad de la reelección o bien, con una vigilancia real e institucionalizada desde organismos ciudadanos.
Quedan pues para el debate estas propuestas. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, hacerlas nuestras, corregirlas, aumentarlas e impulsarlas.
Cierro este artículo con una reflexión a partir de una experiencia personal. Recientemente tuve la oportunidad de estar en España, un país que atraviesa por una grave crisis económica desde hace seis años y que actualmente se encuentra inmerso en grandes escándalos de corrupción de su clase política. Al recorrer las calles limpias, alumbradas y ordenadas de algunas ciudades, una pregunta me atosigaba: ¿cómo un país en crisis y con tanta corrupción a nivel nacional puede tener ciudades tan funcionales? La respuesta la encuentro ahora: España, como la mayoría de los países de Europa occidental, tiene gobiernos locales fuertes, representativos y con la capacidad suficiente para hacerse cargo de sus problemas.
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