Pasar a segundo plano el tema de la inseguridad y la violencia fue el principal cambio en la retórica de la Presidencia de la República con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder en diciembre de 2012. Al retiro del acento sobre dichos asuntos se sumó luego el discurso de que la estrategia aplicada por el gobierno federal estaba dando resultados, discurso que se ha intentado reforzar con la publicitada captura de jefes del hampa como Joaquín Guzmán Loera y Héctor Beltrán Leyva. No obstante, la realidad indica hoy que el país está lejos de alcanzar la paz y estabilidad que tanto se presume.
La situación por la que atraviesan estados como Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Tamaulipas y, recientemente, regiones como La Laguna, apuntan a que existen aún territorios en donde los cárteles libran batallas por el control de rutas y puntos de distribución de droga y contrabando a la sombra de una debilidad institucional por demás evidente. A lo anterior, hay que agregar los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, realizada por el Inegi, que pintan una realidad muy distinta a la del discurso oficial.
Según el estudio, la tasa nacional de delitos aumentó 18 por ciento en el primer año de gobierno de Peña Nieto, en comparación con el último año de Felipe Calderón. El año pasado, en México se cometieron 33.1 millones de delitos. Se calcula que alrededor de 22.5 millones de personas, poco menos de un cuarto de la población, se vio afectada por ilícitos como robo, fraude, delitos sexuales, amenazas verbales, lesiones, secuestros y extorsión; estos dos últimos registraron importantes incrementos.
Estos datos distan mucho de los reportados por las procuradurías y fiscalías de los estados, quienes se basan en el número de denuncias presentadas. Pero es de todos sabido que la mayoría de los delitos no son denunciados. De acuerdo con la Envipe 2014, la cifra negra a nivel nacional es de 93.8 por ciento, es decir, apenas el 6.2 por ciento de los ilícitos es denunciado por los afectados. Esto tiene que ver principalmente con la desconfianza y el temor que existe entre la ciudadanía respecto al acto de la denuncia. Y una vez más los datos duros lo confirman: en México, sólo 3 de cada 100 delitos cometidos tiene una resolución judicial y prácticamente el 50 por ciento de los delitos que sí fueron denunciados no fueron esclarecidos.
También llama la atención que la mitad de los ilícitos que consigna el estudio del Inegi había al menos un delincuente armado, lo que representa un aumento de 6.1 por ciento de los delitos violentos en comparación con 2012. Los datos confirman la hipótesis y advertencias de especialistas respecto a que la captura de las cabezas de los grandes grupos criminales no se traduce necesariamente en una disminución de la violencia sino que, incluso, puede provocar una escalada en la misma.
Y lo hemos visto en los últimos días en La Laguna. Contrario a lo que las autoridades estatales y municipales presumen, los asesinatos han repuntado, aunque si bien no a los niveles registrados en 2012, pero sí de manera suficiente como para encender de nuevo las alertas por la forma que se están cometiendo: en lugares públicos e incluso a plena luz del día. Y ante esta situación, el empeño de quienes encabezan las instituciones gubernamentales parece estar más enfocado en mantener una percepción que han ido construyendo que en redoblar los esfuerzos para impedir que este repunte se convierta en el inicio de una nueva escalada de violencia.
A dos años del regreso del PRI a Los Pinos, el reto de los tres niveles de gobierno es el mismo: transitar de una estrategia de choque y reacción frente al embate delincuencial hacia una de fortalecimiento institucional en la que la frágil tranquilidad dependa menos de la lógica criminal de desgaste y reajuste, con el riesgo latente de reactivación violenta.
