La oposición de grupos ambientalistas y el activismo de dos senadores panistas acaban de lograr que se frene la construcción del centro de exposición y venta al mayoreo de productos chinos conocido como Dragon Mart, a ubicarse en el predio conocido como "El Tucán" de Cancún
El juzgado séptimo del Distrito de Quintana Roo concedió un amparo que en el terreno práctico obliga a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y su delegación en la entidad federativa a demostrar que el proyecto de capital chino-mexicano cumple con la normatividad en materia de equilibrio ecológico.
Lo que no lograron los organismos empresariales de cara al riesgo de provocar un grave daño a la planta productiva por la competencia desleal que representaría una avalancha de productos del país de la muralla apuntalados por subsidios, lo hicieron los ambientalistas.
La exposición de motivos señala que el polémico proyecto "es una amenaza para nuestros manglares, para nuestros arrecifes, pero sobre todo para el desarrollo sustentable de la zona, ya que afecta los recursos hídricos".
El golpe, pues, llega por dos flancos.
La solicitud de protección de la justicia, avalada por los legisladores Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz, la primera presidenta de la Comisión de Cambio Climático y secretaria de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado; el segundo, representante de Yucatán, se planteó el primero de octubre del año pasado.
El documento, firmado por organizaciones ambientalistas, alude al silencio de la Profepa frente a denuncias populares y su omisión para evaluar no solo el impacto local, sino el federal, en el marco de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
La flecha apuntaba al posible daño que el desarrollo inmobiliario provocaría a un ecosistema costero ante la construcción y operación de obras hidráulicas, incluida una desalinizadora, en agravio de un área natural protegida a nivel federal en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
La paradoja del caso es que colocada en la mesa la solicitud de amparo, la Profepa rechazó que hubiera recibido denuncia popular alguna… por más que la contraparte exhibió los sellos de su delegación en Quintana Roo.
A una de las audiencias acudió el director general de Delitos Contra el Medio Ambiente y Litigios de la instancia, quien ante la evidencia dijo que sí se había abierto un expediente… pero sin detallar las acciones conducentes.
Se diría, pues, que la Profepa jugaba el volado a que estaba evaluando el asunto… por más que el artículo cuarto de la Constitución en su párrafo quinto señala que "el Estado garantiza el respeto a un medio ambiente sano".
Más aún, el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, signada por México, señala que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda".
La denuncia popular, pues, es básica.
Diseñado a imagen y semejanza del existente en Dubai, cuyas ventas anuales alcanzan 40 mil millones de dólares, el proyecto Dragon Mart planteaba en su origen instalar algo así como una China chiquita en el país.
Habría un coloso de acero para albergar cientos de locales de exposición de productos chinos, una plaza para exhibir expresiones culturales de la nación de la muralla y una unidad habitacional para albergar a unos dos mil 500 empleados de más de mil empresas chinas del país oriental. Ante la presión empresarial, el proyecto daría un giro. Se extendería hacia la venta el mayoreo no sólo de cara al país, sino al centro y sur del Hemisferio. Más aún, frente a esta posibilidad habría un espacio para exposición de productos mexicanos.
Lo cierto es que el permiso llegó vía una alternativa ficta, es decir, el municipio de Benito Juárez no contestó en tiempo y forma a la solicitud planteada, por más que había habido un rechazo previo por parte de una comisión ciudadana convocada por la presidencia municipal.
Enjaulan, momentáneamente, al peligroso dragón chino.
BALANCE GENERAL
Colocada a fuego cruzado tras la inhabilitación para recibir contratos públicos, en paralelo a una multa por violar la normatividad de Petróleos Mexicanos en materia de garantizar el cumplimiento de los proyectos, la empresa Oceanografía enfrenta otra acusación que podría llevar a la cárcel a sus directivos.
El Citigroup de los Estados Unidos la acusa de fraude y falsificación de documentos. El monto del delito se calcula en 360 millones de dólares.
De acuerdo a la matriz de Banamex, la empresa de Amado Yáñez, padre e hijo, solicitó en diciembre del 2013 una línea de crédito a éste por 581 millones de dólares, según ello como puente en lo que cobraba facturas pendientes de pago de Petróleos Mexicanos.
El caso es que los documentos en trámite avalaban sólo 185 millones.
EL RESTO ERAN FALSOS
La mentira se descubrió justo tras la inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública a la firma de mantenimiento de plataformas marinas y construcción de ductos bajo el mar, cuando el banco decidió explorar con Pemex la solvencia de ésta de cara a la posibilidad de 21 meses sin contratos públicos.
La solicitud le abrió el telón a la pesadilla, en cuyo escenario la firma fue cateada el viernes, y colocada bajo la administración de Pemex.
De acuerdo a Banamex, el caso constituye un hecho aislado, es decir, no hay indicios de que se generalizó la conducta. La empresa había sido investigada por la Cámara de Diputados frente a denuncias públicas de participación de los hermanos Bribiesca Sahagún en la obtención de contratos, lo que se consideró falso.
ACUERDO SIN QUORUM
La presencia del pleno del gabinete económico arropando al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el anuncio del Acuerdo de Certidumbre Hacendaria, obedecía a llenar el hueco de los organismos empresariales en la mesa.
Digamos que el gobierno le lanzó montón a la medida para darle tinte de multilateralidad, cuando se trataba de un acto de perfil unilateral.
Hacienda salió al escenario mientras los organismos de representación patronal seguían discutiendo en las bambalinas ante la posibilidad de avalar la permanencia sexenal de tributos impugnados por las bases.
Quien optaba por firmar el documento que en el papel garantizará mantener intacto el escenario impositivo, era la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Sin embargo, al día siguiente el desplegado de apoyo corrió a cargo de la Concamín.
CONVENIO FERROMEX-TERNIUM
Incierto aún si el Senado avala la minuta a la reforma a la Ley Ferroviaria aprobada por la Cámara de Diputrados, en cuyo caso se rompería la exclusividad de las empresas que participaron en la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, Ferromex acaba de firmar un acuerdo de largo plazo con la firma siderúrgica Ternium.
El pacto garantiza que la ferroviaria propiedad del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco tenga para su servicio exclusivo 300 góndolas de alta capacidad. La posibilidad habla de transportar 30 millones de toneladas equivalentes a 40 mil millones de toneladas-kilómetro.
Ternium es una filial de México del grupo Techint, una de las principales acereras del planeta.
BAJA SEÑAL DISH
En cumplimiento a la clarificación de las reglas para el must carry y must offer por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la empresa de televisión satelital Dish bajó la semana pasada la señal del canal 9 de Televisa de su oferta al público. La firma rechaza que hubiera tomado a la brava los canales con presencia nacional de televisión abierta.
