El debate nacional sobre la legalización de la marihuana ahora pasará literalmente a los predios del Congreso, pues el Distrito de Columbia ha aprobado el cultivo, la posesión y el consumo de pequeñas cantidades de la droga.
Los votantes en Oregon y Alaska también le dijeron sí a la legalización, sumándose a Colorado y al estado de Washington, donde la hierba ya es legal.
Pero mientras los estados del occidente gozan de cierta autonomía y están más distanciados de la capital, queda por ver qué ocurre en el distrito federal del país, donde los legisladores tienen la autoridad para derogar la legalización.
Aunque la aprobación de la marihuana en el Distrito de Columbia significa una cabeza de playa para la legalización en la costa oriental, la decisión del Congreso podría afectar cualquier iniciativa en el resto del país.
"Los congresistas ahora serán literalmente testigos de esos cambios", dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo del grupo Drug Policy Alliance, que lanzó intensas campañas para ganar los referendos. "Recibirán una educación que probablemente no han tenido, dependiendo de los estados de origen".
Todas las leyes que afecten al distrito capitalino deben pasar a revisión del Congreso. El brazo legislativo rara vez esgrime esa autoridad, pero si los congresistas desean impedir la aplicación de normas distritales, pueden anexar enmiendas a otras leyes totalmente distintas que son demasiado importantes para ser vetadas. Es común que el Congreso impida, por ejemplo, el uso de fondos públicos para subsidiar abortos a mujeres de escasos recursos, y de hecho por una década logró impedir la legalización de la marihuana en el distrito.
Los votantes del distrito votaron con 69% contra 31% el martes para aprobar el cultivo, la posesión o la transferencia de hasta dos onzas de la droga, o tres plantas, para uso personal. Meses antes, una ley entró en vigencia según la cual la multa por poseer marihuana ascendía a 25 dólares.
Pero podría demorar meses hasta que el consumo de marihuana esté realmente aprobado en el distrito. Los funcionarios públicos y las organizaciones activistas ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre si, mientras el Senado y la Cámara de Representantes estén sesión, el periodo de revisión debe durar 30 o 60 días. Por otra parte, la iniciativa no incluye cláusulas para la venta legal o la aplicación de impuestos.
