En la colaboración anterior señalamos la preocupación por el tipo de crecimiento económico que pueda ocurrir en la zona o franja norteña donde se localizan las reservas de gas lutita, ya que es posible que genere una especialización productiva y no una diversificación económica que garantice un posible desarrollo futuro de la población local y aquella que migre a la zona atraída por esta bonanza temporal.
Pero dicha preocupación no sólo se refiere al aspecto económico, sino también por los riesgos ambientales y sociales que presenta la explotación de estos hidrocarburos no convencionales, algo que nuestros políticos nos dicen que no sucederá con un discurso poco creíble, porque si bien la tecnología utilizada para extraerlos ha venido mejorando es posible que ocurra contaminación de los acuíferos localizados en el subsuelo, del aire por las emisiones de gases, de los suelos con el agua residual y se afecte la vegetación y fauna con las obras de infraestructura que se crearán asociadas a los pozos y caminos.
La extracción de gas lutita del subsuelo se realiza a grandes profundidades, lo que implica perforar pozos e introducir tuberías a través de las cuales se inyecta agua asociada a substancias químicas (se han identificado más de seiscientas de ellas) con cuya presión se provoca la fractura de las rocas, por ello se le llama fractura hidráulica o fraking; el riesgo de ruptura de esas tuberías existe y con ello su esparcimiento en los estratos donde ocurra, que al adquirir conexión con los flujos de agua subterránea provoque su contaminación.
El agua residual que extraen de los pozos, una vez que se utiliza para provocar la fractura de las rocas, presenta una composición química que aún tratada tiene usos limitados, es agua contaminada que debe ser dispuesta en sitios adecuados donde no afecte el suelo, los ecosistemas o a la misma población que trabaja en estas actividades o aquella que resida en sitios cercanos a los pozos. Hay registros recientes de empresas que están realizando exploraciones y no han tratado ni dispuesto adecuadamente de estos volúmenes, por lo que surge la duda si se obligará a las empresas dedicadas a esta actividad a acatar las normas ambientales y de salud que les regulen.
En el proceso de extracción de gas lutita también provoca emisiones de gases que se incorporan en la atmósfera, elevando las concentraciones actuales y contaminando el aire, que aunado a la perforación de pozos, la apertura de caminos y la construcción de infraestructura productiva y social, transformarán el paisaje local; si bien los estudios de exploración como los realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo pretenden ubicar con mayor puntualidad la reservas para disminuir el número de pozos perforados, sólo van a reducir la magnitud de la zona minada que se creará en esta franja fronteriza.
Ciertamente, las inversiones que las empresas y el gobierno realicen van a provocar una derrama financiera que transformará la economía local, donde las actividades previas a la explotación del gas lutita serán desplazadas por ésta, posiblemente favorecerán a algunos de los dueños de los predios que vendan o renten sus predios, unos utilizarán esos recursos para dedicarse a otra actividad en la zona, otros fuera de ella.
Si ocurre esta diversificación es posible que la economía local mejore y se sostenga más allá del período que duren las reservas de gas en el subsuelo, pero si esto no sucede, el riesgo que puede presentar es que esas economías locales se hagan dependientes y no persistan al agotarse dichas reservas, entonces la infraestructura productiva será obsoleta, la población migrará buscando nuevas opciones laborales y se repetirá la historia de las minas y las poblaciones dedicadas a esta actividad en el México y Sudamérica coloniales, como lo expone Galeano en el libro mencionado. Para entonces también el daño ambiental estará hecho y en no pocos casos será irreversible.
Estas preocupaciones surgen en algunos sectores de la población mexicana, y no son gratuitas, puesto que se basan en las experiencias donde la explotación de gas lutita, además de crear o incrementar fortunas particulares y temporalmente el empleo, han sido desafortunadas por los daños ambientales y sociales provocados, quizá baste sólo voltear hacia el estado texano de nuestro vecino transfronterizo para poner nuestras barbas a remojar.
Y ellas aumentan si consideramos que a nuestro país no le basta haber creado uno de los marcos normativos ambientales más avanzados del orbe, pero con limitadas y poco confiables capacidades institucionales en la aplicación de las regulaciones y sanciones a quienes provocan daños de este tipo, sobre todo si los responsables son grandes corporaciones económicas acostumbradas a chantajear con retirar sus inversiones.
Así, a la par de que se crea un clúster de empresas que se propone invertir sus recursos en la extracción de gas lutita, patrocinado por el gobierno mexicano, surge en el seno de la sociedad civil una alianza antifraking, desde la cual se vienen realizando los cuestionamientos y advertencias de las implicaciones que derivarán de esta actividad, lo cual es muy sano para evitar que las empresas del ramo energético, nacionales y extranjeras, tengan libertad discrecional y sólo apuesten a obtener ganancias sin considerar los daños que provoquen en los lugares donde operen, además de las externalidades que inevitablemente derivarán en otros sitios que también se verán afectados.
Esperemos que con el paso del tiempo dichas empresas no sólo realicen el juego del azadón, todo para acá, que las observaciones de expertos y ciudadanos que compartimos las preocupaciones expuestas sean escuchadas y que dichas actividades se sujeten a una vigilancia permanente para que las instituciones que les regulen cumplan su cometido. Por ello deseamos que el corredor fronterizo donde se explote el gas lutita no se convierta en la próxima vena por abrir en esta parte de Latinoamérica.
