En el actual contexto en que se aprueba la Reforma Energética en México, cobra importancia el interés por explorar y explotar el llamado gas shale, un hidrocarburo no convencional localizado en estratos del subsuelo a profundidades que pueden alcanzar hasta mil quinientos metros, recurso energético que ya es explotado en países que tienen importantes reservas como los Estados Unidos, Argentina o China, pero que también se ha limitado su extracción en otros como Francia.
Tal parece que la polémica sobre la extracción de este hidrocarburo reside en que, por un lado, su exploración y explotación podría atraer importantes inversiones que detonarían economías locales o nacionales, y por el otro, no parecen ser suficientemente claros los impactos que provoca la tecnología utilizada, en particular los ambientales.
En el primer caso se habla de aquellos lugares donde compañías energéticas realizan inversiones significativas que modifican economías, en gran parte basadas en actividades agropecuarias, en otras que giran en torno a la exploración y extracción del gas shale, también conocido como gas pizarra, inversiones que aumentan el valor de los predios donde se ubicarán los pozos que se perforarán, por el movimiento de equipos y suministros que estimulan a proveedores locales o nacionales, por las fuentes de empleo que generan con el consecuente poder adquisitivo que provocan, entre otros.
Mientras que en el segundo caso, al ser un recurso ubicado en estratos del subsuelo de baja permeabilidad que impide su ascenso a la superficie, requieren utilizar tecnologías basadas en la fracturación hidráulica de las rocas, a lo que se ha llamado fracking, las cuales implican utilizar agua (95%), arena (4.5%) y el restante (0.5%) lo constituye un coctel de substancias y compuestos químicos que al introducirse por la tubería de los pozos ejercen presión sobre esas rocas impermeables hasta que las fracturan y posibilitan la extracción del gas.
La polémica sobre la extracción del gas shale ha cobrado relevancia en el norte de México debido a que en algunas partes de éste se encuentran los yacimientos más importantes, destacando entre ellos los estados de Coahuila y Tamaulipas, creando expectativas de cambios económicos que podrían generar algunos de los beneficios descritos, pero también sobre los impactos que tendrá, particularmente si su explotación se realiza sin la determinación y aplicación de las regulaciones adecuadas y aplicables a las empresas que se dediquen a esta actividad.
Una de las preocupaciones derivadas de la propia Reforma Energética surge porque, aun cuando no se hayan determinado las legislaciones secundarias, se parte de que no será Pemex quien realice directamente estas actividades, sino que las contratará o subcontratará a empresas privadas nacionales y, donde quizás, predominen las transnacionales del ámbito energético, algunas de ellas acostumbradas a operar violando las regulaciones existentes mediante actos de corrupción y con la opacidad gubernamental, lo cual, no implica que tampoco la paraestatal mexicana haya estado excluida de estas anomalías, sino que en nuestro país es posible que esto suceda sin que deslinden responsabilidades y apliquen sanciones.
Preocupa los volúmenes de agua requeridos para provocar el fracking, estimados en alrededor de 17 mil m3 por pozo, lo cual implica disponer del líquido de las fuentes disponibles, particularmente de agua dulce de los acuíferos cercanos a la ubicación de los pozos; adicionalmente, el agua residual se almacena y aunque puede reutilizarse presenta contaminantes que limitan su uso a menos de que se sujeten a un tratamiento adecuado.
Lo anterior implica modificar los usos del agua actualmente extraída o incrementar las extracciones realizadas autorizando nuevas concesiones destinadas a estos usos, aunado a ello y a pesar de que se afirma que la tecnología utilizada en el sellado de los pozos a través de los cuales se introduce la tubería para extraer el gas shale, no se está exento de riesgos de filtración en los cuerpos de agua dulce subterránea que satisface los usos locales, particularmente el público urbano. La tecnología puede ser la adecuada, pero su aplicación y mantenimiento deben estar sujetos a supervisión efectiva por las autoridades ambientales.
Un aspecto más lo constituyen las substancias y compuestos químicos incorporados en el agua para facilitar la fracturación hidráulica, mismos que las empresas que las utilizan mantienen como secreto industrial cuando deben estar reguladas conforme a normas ambientales; cualquier actividad que implique un riesgo en la salud ambiental y humana debe estar sujeta a estas regulaciones.
Otro de los impactos ambientales que puede provocar esta actividad es la fragmentación del hábitat y pérdida de biodiversidad en los sitios donde se realizan las perforaciones; en ellos se crea infraestructura y equipamientos que pueden modificar significativamente el paisaje e impiden las funciones ecológicas de los ecosistemas naturales. Si bien toda actividad humana antropiza el ambiente, es necesario que esos cambios impacten lo menos posible; el ejemplo de los sitios de explotación de gas shale de nuestros vecinos texanos constituyen un ejemplo que no debe repetirse en nuestro país.
Ante esta situación, resulta oportuno que el gobierno del estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realice las consultas necesarias y facilite la información a la sociedad sobre los estudios que se vienen desarrollando y los resultados que se obtengan para valorar las implicaciones que tendrá esta actividad dentro del territorio estatal, lo que significa que se determinen las regulaciones aplicables y la forma en que esto deba hacerse, incluso, abriendo espacios de participación a la población y expertos, de modo tal que no ocurra lo que ya tenemos en regiones como la Laguna con otro recurso, el agua, donde se permitió sobreexplotar y contaminar los acuíferos y ahora se observan las enormes dificultades de aplicar las regulaciones que reviertan estos procesos.
