No hay duda que vivimos tiempos difíciles. Como nunca antes la democracia está en riesgo por la probada infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las elecciones. Si bien ya se habían presentado casos aislados, lo sucedido en Guerrero y Michoacán ha detonado una crisis cuyas proporciones hay que dimensionar adecuadamente, porque contrario a lo que parecería, no estamos ante hechos privativos de dos estados sino una lastimosa realidad presente en distintos extremos del país. En ese sentido, advertir la magnitud del problema, desvelar sus causas, evidenciar sus incentivos y ponderar las acciones para afrontarlo y resolverlo es un paso que las fuerzas políticas no han asumido a cabalidad.
Las condiciones sociales actuales comienzan a urgir la suscripción de un gran acuerdo por México para edificar una institucionalidad robusta y duradera a través de la vigorización del Estado de Derecho, la articulación del régimen político y la legitimidad de quienes están al frente de las instituciones.
La dimensión electoral del acuerdo tiene que sentar las bases para que en el corto y mediano plazos se pongan las barreras necesarias para blindar los procesos electorales de todas las influencias dirigidas a tergiversar la libertad del sufragio popular y a condicionar negativamente las futuras decisiones de gobierno. Este pacto es, en esencia, un pacto político que deben impulsar fundamentalmente los partidos en la medida que son las correas a través de las cuales se postulan candidaturas a puestos de representación popular, y en cuyo contenido debe reflejarse el compromiso ineludible de atajar a cualquier personaje negativo para la salud democrática de la República. Para ello, los ajustes estatutarios son inexorables a fin de imponer requisitos verificables y establecer estructuras internas que revisen con exhaustividad el pasado y presente de quienes aspiren a ser postulados, esto es, los antecedentes penales y laborales de los candidatos, sus vínculos personales y familiares, sus registros bancarios, financieros y tributarios, y la evolución de su entorno patrimonial directo e indirecto.
A este acuerdo deben concurrir las instituciones del Estado a fin de demostrar que la salud del sistema democrático es una responsabilidad compartida y un reto que debe afrontarse sin regateos ni fisuras. Pero es a las instancias de procuración de justicia, de seguridad, de auditoría, fiscalización y de inteligencia política y financiera a quienes corresponde un mayor nivel de compromiso en un esfuerzo común con los partidos que permita acceder a la información necesaria para el oportuno blindaje de los comicios.
Evidentemente el blindaje de la política es un tema que escapa al ámbito de atribuciones de las instituciones electorales, aun cuando tiene repercusiones sobre los comicios y la representación popular. Acaso por ello, el INE y los OPLEs tienen un importante papel para incentivar los esfuerzos institucionales tendientes a obstaculizar la entrada de candidatos indebidos al ejercicio democrático.
No pidamos que sean las instituciones electorales las que realicen una labor de contención que no les corresponde, ni abonemos a la creación de nuevas burocracias para afrontar una problemática que es responsabilidad directa y exclusiva de los partidos y las instituciones de seguridad del Estado.
Como nunca, la sociedad mexicana se encuentra altamente sensibilizada frente a las evidencias de la infiltración de la política, por lo que es hora de reconocer, sin titubeos, que estamos frente a un problema que debe ser atajado de inmediato, so pena de que su postergación sea el aliciente perfecto para detonar una auténtica crisis política y social de dimensiones inusitadas.
