Severamente cuestionado el apoyo del Partido de la Revolución Democrática a la Ley de Pensión Universal y reforma a diversas disposiciones de seguridad social que permite financiar el seguro de desempleo con recursos de los propios trabajadores, la moneda de cambio del partido opositor fue una revisión integral del Sistema de Ahorro para el Retiro, ante la posibilidad de un colosal fiasco.
De acuerdo a un estudio realizado por el diputado de la propia bancada, Miguel Alonso Raya, sólo el 5.7 por ciento de los trabajadores inscritos al retiro privado alcanzaría una pensión de acuerdo a los parámetros previstos.
La razón es simple: son los únicos que hasta hoy no han interrumpido su cotización… y han engordado su acumulado con recursos propios. El 60 por ciento no cuenta con la posibilidad de cumplir las expectativas previstas en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, que señalan las condiciones para acceder a una pensión.
Su posibilidad, en tal caso, sería el retirar los recursos disponibles… para abrir un "changarro" en el escenario de la economía informal.
La alternativa propuesta por el propio legislador es crear grupos de trabajo conformados por expertos que realicen un estudio sobre el sistema en un marco integral, es decir, considerando los factores económicos, financieros y actuariales que inciden en la ruta.
La meta es ubicar acciones de política pública para garantizar la sustentabilidad financiera del esquema, y desde luego su viabilidad social. Estamos hablando de ubicar un esquema similar al que se dio en Chile en el 2008, ante la imposibilidad de garantizar la pensión mínima a los trabajadores que estaban en la frontera del retiro en la primera generación del esquema instrumentando bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El acuerdo alcanzado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien acaba de regresar al cargo, se denominó Reforma Previsional. El punto fino del esquema, que obligó a una contribución del gobierno, fue el apuntalar, vía la solidaridad social, al esquema de cuentas individuales.
Un fondo, pues, para la emergencia.
De acuerdo al marco actual el 34.3 por ciento de los cotizantes al SAR tendría que trabajar más tiempo para alcanzar una pensión, al no tener permanencia en el empleo. De hecho, en el caso de los trabajadores de la construcción por ejemplo, tendrían que laborar el doble de los 25 años previstos para alcanzar la cima de mil 200 semanas cotizadas.
Como usted sabe, la mayoría de éstos trabaja sólo seis meses al año. El panorama es negro. De las 42.8 millones de cuentas registradas en las Administradoras de Fondos para el Retiro, sólo 21.2 están activas. El resto no ha recibido recursos frescos en uno, dos, tres y hasta cuatro años.
El problema lo había planteado originalmente, al cuarto para las 12 de finalizar el sexenio pasado, la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, ofreciendo tres alternativas para impedir el fiasco… que algunos podrían confundir con fraude. Estamos hablando de disminuir el monto mínimo de pensión garantizado, lo que implicaría meter la reversa en materia de bienestar; inyectar un subsidio al ahorro de los trabajadores de bajos ingresos… o de plano subir la edad para el retiro.
De acuerdo a las cuentas de la instancia, el 77.2 por ciento de los cotizantes gana en promedio menos de cuatro salarios mínimos.
A su vez, el 18.2 percibe entre cuatro y 10, en tanto apenas el 3.4 alcanza entre 11 y 20, y una franja dorada de 1.3 supera el monto. Los dos últimos segmentos cuentan aleatoriamente con una protección adicional, vía planes privados de pensión.
El primero, en contraste, podría no contar con una pensión, dado su baja densidad de cotización.
La pensión mínima garantizada, de acuerdo a la ley, es de dos mil 400 pesos con 41 centavos mensuales a precios corrientes… siempre y cuando se acumulen mil 250 semanas de cotización.
La alternativa propuesta por la Consar apunta a plantear una pensión mínima garantizada para trabajadores que hayan cotizado apenas 750 semanas… equivalente a la mitad de la original.
Estamos hablando de mil 208 pesos mensuales.
Si la cotización alcanzara 850 semanas, el nivel de pensión se elevaría a 60; si fueran 980, llegaría al 80…
Lo inaudito del caso es que en afán de incentivar el ahorro voluntario para engordar al cochinito, el gobierno ofrece aportar 10 pesos por cada 100 que coloque en la cuenta en usuario… sólo que sin llegar a 160 en el total. Ayudadititita, pues.
Gritas en el SAR.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a la calificadora de deuda Standard and Poor's, pese a la calificación de dureza innecesaria de algunos analistas por el nuevo escenario a que se someterá a América Móvil y sus filiales Teléfonos de México y Telcel tras la declaración de empresas predominantes, ninguna de ellas perderá su liderazgo.
De hecho, se considera que el marco no reducirá la calidad crediticia de ambas, por más que se reconoce un escenario de mayor competencia, ejerciendo presión sobre los ingresos de la compañía.
Sin embargo, se habla de un "efecto mínimo" en la reducción de las tarifas de interconexión prevista en la regulación asimétrica. El mismo calificativo se emplea cuando se habla del nuevo marco para el "roaming", es decir, la tarifa que se aplica para llamadas de larga distancia.
EN SÍNTESIS, NI COSQUILLAS
De hecho, la calificadora prevé que las empresas del magnate Carlos Slim se compensen con la posibilidad de ingreso al servicio de video, dado que podrían promover paquetes para triple play, es decir, telefonía, televisión e internet.
TRES AL ABORDAJE
De acuerdo a un análisis del banco Barclays, aunque en el escenario podrían surgir nuevos competidores en escena, como las firmas Calfrac, Key Energy Services, Nabors, Parker Drilling… la reforma energética perfila el predominio de tres gigantes extranjeras: Halliburton, Schlumberger y Watherford.
La primera ya tuvo problemas en el país al recibir en contrato de parte de Pemex, al que se calificó de ilegal. De hecho, el caso llevaría a la cárcel al que fuera director general de la empresa pública, Jorge Díaz Serrano.
En su análisis ("México: la siguiente etapa del mega ciclo"), la intermediaria calcula que para el 2020 las inversiones en materia de exploración y explotación de petróleo alcanzarán 80 mil millones de dólares, cuatro tantos de las realizadas por Pemex el año pasado.
Mientras aquí había luto por la muerte de la expropiación petrolera, en las matrices de las firmas había júbilo.
GEO EN LA LONA
Mientras baraja la margarita para entrar a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, la promotora de vivienda GEO ya vendió su edificio sede en afán de recuperar de lo perdido lo que aparezca.
Del otro lado de la mesa, sin embargo, sus acreedores lograron embargarle una unidad habitacional que había construido en los terrenos de Tultitlán, Estado de México.
La empresa de Luis Orvañanos adquirió un colosal terreno que pertenecía a una hacienda en la zona de Cuautitlán, que se convirtió en rémora al no poder construir bajo las nuevas reglas.
MÁS DEUDAS DE OCEANOGRAFÍA
Aunque en plano menos traumático que con Banamex, Oceanografía también mantuvo relaciones de negocios con otros dos bancos: Banorte y BBVA/Bancomer.
Los dos presumen tener las garantías suficientes para recuperar el monto de los préstamos, pese a la posibilidad de que la empresa fuera declarada en quiebra.
El caso de Banorte es idéntico al de Banamex, es decir, una línea de crédito en dólares sobre cuentas por pagar de Pemex… sólo que estas sí son auténticas.
