En una jugada maestra cuya utilidad en el terreno práctico es inocua, pero en el político implica desnudar el descuido con que se está implementando la reforma en materia de telecomunicaciones, dos de las empresas del magnate Carlos Slim están solicitando sendos amparos.
La razón parece de perogruyo. Se trata de protegerse contra la declaración de preponderancia que les endilgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bajo el argumento simple de ¡no ser empresas del ramo!
Estamos hablando del grupo Carso, pilar del imperio del rico más rico de México, Carlos Slim, cuyas ramificaciones alcanzan minería, construcción, plataformas marítimas y comercio, además del grupo financiero Inbursa, con extensiones bancarias y bursátiles.
Nada que ver, pues, con el tema. En recreación del absurdo, las firmas exponen al juez de la causa que las medidas a que se les obliga, son "imposibles de realizar".
No se puede quitarle la cola al gato, cuando éste es perro.
La acción, sin embargo, alcanza otra carambola. Despojadas del San Benito las firmas, estarían en opción, al menos en lo que se refiere al Grupo Carso, de buscar una concesión para entrar al servicio de video.
Como usted sabe, América Móvil, dada su condición de preponderante, que en el lenguaje priista se traduce como monopólica, está obligada a demostrar que cumple con la regulación asimétrica en un lapso de marcaje personal que durará dos años.
Hasta entonces no puede solicitar la modificación del título de concesión con que opera su filial, Teléfonos de México, para participar en televisión abierta o de paga.
En ese lapso se habría esfumado la coyuntura para adquirir una de las dos cadenas de televisión abierta en la mesa.
El escenario, sin embargo, tiene más rendijas. De entrada, la discrepancia entre las modificaciones constitucionales y lo que plantean las leyes secundarias en materia de radiodifusión podría abrir nuevas posibilidades de amparo… en un escenario en que finalmente sí se daría la posibilidad de suspensión del acto reclamado.
En la catarata, las empresas telefónicas podrían solicitar la protección de la ley ante la obligación de convertirse en algo así como auxiliares del Ministerio Público Federal, al obligárseles a mantener registros de llamadas, correos electrónicos y conversaciones vía internet, conocidas como chats.
De acuerdo al artículo 192 del proyecto de Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México, "los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados, están obligados a iniciar un registro y control de telecomunicaciones que se realicen bajo cualquier dispositivo y bajo cualquier modalidad".
La invasión de la privacidad, la obligación de las empresas de tener un colosal archivo electrónico, se plantea aun cuando el usuario al que se escudriña no haya cometido delito alguno, por lo tanto no existiría un requerimiento judicial al calce.
Los datos deben archivarse por dos años.
El ordenamiento es calca del que priva en Estados Unidos, a petición de la Agencia Nacional de Seguridad, en cuyo marco se han divulgado conversaciones personales de jefes de Estado.
Desde este otro ángulo, el haberle quitado las facultades al IFT que le otorgaba el marco constitucional para adjudicárselas a la Secretaría de Gobernación, sobre todo en el marco de las concesiones en radiodifusión, podría abrir una ventana más hacia una catarata de amparos, al considerar que se impondrían criterios políticos sobre los técnicos.
Grietas en telecomunicaciones.
BALANCE GENERAL
Bajo la idea de que la posibilidad de socios es incierta, la Secretaría de Energía le cercenará a Petróleos Mexicanos alternativas de exploración y explotación en campos que hasta hoy no han generado gran rentabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Chicontepec.
Bajo la misma ruta se plantea borrar de sus solicitud, bajo el marco de la ronda cero, la posibilidad de extraer gas shale y crudos extrapesados.
En el primer caso la empresa pública planteaba crear una firma separada de la estructura general, pero con capital del Estado.
Se diría que la intención es agrandar el pastel para las firmas multinacionales y achicarlo para la que será empresa de Estado.
La lista planteada por Pemex el 21 de marzo pasado incluye campos con recursos prospectivos que alcanzan ocho mil 900 millones de barriles.
SE AMPARA OCEANOGRAFÍA
Tres semanas después de que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes asumió el control del corporativo y firmas aleatorias, Oceanografía está solicitando un amparo contra la medida.
La requisición fue admitida por el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, José Eduardo Ramírez.
La exposición de motivos señala que la Procuraduría General de la República no fundamentó la acción del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, lo que representa una violación a los artículos primero y quinto de la Constitución.
Sin embargo, la empresa de Amado Yáñez Osuna, quien se encuentra arraigado en una de sus mansiones ubicadas en el puerto de Acapulco, no planteó la suspensión provisional del acto reclamado.
CÓMER A PEDAZOS
Ante lo abultado del precio que se pide por el conjunto, ocho mil 800 millones de pesos, la posibilidad de venta de la cadena de tiendas Comercial Mexicana se está fragmentando.
Una parte se colocaría como negocio inmobiliario, cuya opción sería rentarle los espacios a las tiendas y aprovechar el sobrante de mejor forma.
Los mejores lotes están en las sucursales de Insurgentes y Mixcoac.
La segunda vertiente serían los restaurantes California, para quienes estarían en línea los mismos que ofertaron la compra de los Vips, que finalmente quedaron en manos de Alsea.
La tercera serían las tiendas como tales.
SÍ, PERO NO
Aunque bajo lo aprobado por la Cámara de Diputados se mantiene la posibilidad de que el Ejecutivo imponga precios máximos a bienes o servicios indispensables para la economía nacional cuando no existan condiciones de competencia, ésta se sujetará a una declaratoria previa de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Dicho con todas las letras, tendrá que realizarse una investigación inicial para determinar colusión, ocultamiento o manipulación del mercado.
Sin embargo, pese a la oposición de las cúpulas empresariales, se mantiene viva la posibilidad de prisión para directivos y funcionarios de empresas que toleren o promuevan prácticas monopólicas.
La sanción sería de cinco a 10 años tras las rejas, en paralelo a una multa equivalente a un porcentaje de facturación anual de la empresa en el banquillo.
Se consolida la posibilidad de obligar a las empresas a desincorporar activos cuando lo requiera la autoridad.
UNA PARA CISCO
La firma Multimedios Redes, en la que participa Televisa a través de Cablevisión, acaba de contratar a la empresa Cisco para agrandar su ancho de banda hasta siete veces, en la coyuntura de la reforma en telecomunicaciones.
La velocidad de conexión alcanzaría hasta 300 megas.
La contratante ofrece servicios de triple play, es decir, telefonía, internet y video en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Su cartera es de 900 mil clientes.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
