La inexplicable muerte de un estudiante en Guanajuato, las denuncias de testigos y acompañantes y la secuencia de las declaraciones oficiales, alimentan las sospechas de que el uso excesivo de a la fuerza por parte de las instituciones de seguridad del Estado Mexicano cobró una vida más. En este caso el escenario fue Guanajuato y la institución implicada, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
De acuerdo a las versiones de los compañeros de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante de mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos, adscrito a la Universidad de Guadalajara, éste fue detenido por policías de dicha entidad el sábado 18 de octubre y hallado sin vida un día después, el domingo 19 de octubre.
La primera versión oficial fue que la muerte del estudiante fue accidental, producto de las lesiones que le provocó la caída de aproximadamente tres metros de altura, luego de que subió a una azotea de una vivienda en la capital del Estado. De inmediato sus compañeros denunciaron que Ricardo de Jesús había sido detenido por agentes policiacos, lo cual fue desmentido originalmente por el procurador general de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, quien afirmó que las múltiples cámaras instaladas alrededor del lugar de los hechos no mostraban ninguna evidencia de ello.
Tras las protestas de estudiantes universitarios y del mismo rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, el procurador tuvo que admitir el pasado viernes 24 de octubre que el estudiante sí fue detenido por agentes de la citada corporación policiaca, pero que ellos no estaban relacionados con su muerte. Y, sin proporcionar ninguna evidencia, reiteró su tesis de la caída de la azotea.
Lamentablemente la secuencia de hechos es exactamente la misma que en tres casos previos de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de instituciones de seguridad de las distintas instancias de gobierno, que ya cobraron la vida de, al menos, 29 personas en los últimos cuatro meses.
Como en muy pocas ocasiones, la sociedad mexicana reclama el esclarecimiento de los hechos de Tlatlaya, Estado de México, donde militares ejecutaron a mansalva a 21 presuntos delincuentes, el 30 de junio pasado; de Atlixco, Puebla, donde policías estatales provocaron la muerte de un menor de 13 años, al disolver violentamente una manifestación pacífica de los habitantes del lugar el pasado 9 de julio; y los asesinatos de seis civiles y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a manos de los policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero.
Ninguno de estos tres casos ha sido resuelto por los ministerios públicos responsables de hacerlo, cuando un nuevo caso emerge en el escenario público nacional. Los hechos suceden en cuatro estados distintos e involucran a diferentes cuerpos de seguridad, pero aparece nuevamente el mismo patrón: la agresión de las fuerzas del orden a civiles desarmados (salvo en el caso de Tlatlaya, donde los presuntos delincuentes sí estaban armados); una versión oficial que exime de cualquier responsabilidad a las autoridades; las versiones alternativas de testigos y compañeros; y, tras la negación de las autoridades, el reconocimiento de que deben profundizarse las investigaciones, que finalmente comprueban los abusos por parte de las corporaciones del Estado Mexicano.
En el caso de Esparza Villegas, todavía no puede establecerse con certeza la causa de su muerte y, mucho menos, la participación de los agentes policiacos, pero sí es un hecho que las últimas imágenes disponibles, de acuerdo a los videos mostrados por el mismo procurador Zamarripa Aguirre, lo muestran acompañado de los policías.
Los hechos más indignantes son los de Guerrero, por el número de víctimas involucradas y lo escabroso de los mismos. La falta de información sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos; la consternación provocada por el hallazgo de 38 cadáveres en 10 fosas localizadas en Iguala; y la incapacidad de las autoridades para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables, provoca que las protestas se extiendan a todo lo largo y ancho del país, que las mismas se salgan de control, particularmente en Guerrero y la Capital de la República, y que emerjan la violencia y el vandalismo.
La solicitud de licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, anunciada el pasado jueves 23 de octubre, no modificó los reclamos y posturas de los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos y, todo indica, que tampoco impactará las acciones y muestras de solidaridad del resto de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional, que desde distintos foros demanda una acción pronta y efectiva al gobierno mexicano.
Hasta hoy el gobierno mexicano no es capaz de responder satisfactoriamente a estas demandas de la comunidad nacional e internacional y, lo peor, se abren nuevos expedientes y se acumulan nuevas evidencias condenatorias en los que ya están abiertos. En otro tiempo y otras circunstancias, el caso de Esparza Villegas hubiese pasado prácticamente desapercibido, pero en las actuales se vuelve crítico.
La ingobernabilidad que hoy priva en Guerrero puede extenderse a otros estados del país e, incluso, amenazar la estabilidad nacional. La inseguridad imperante en muchas partes del territorio nacional, por la expansión del crimen organizado y los abusos y atropellos de las fuerzas del orden público tienen que frenarse y el Estado Mexicano tiene que dar muestras claras y contundentes de su fortaleza, pues hasta hoy ésta sólo aparece en los discursos oficiales.
