Represión. La Iglesia católica en Venezuela señaló que el gobierno de Nicolás Maduro tiene corte totalitario.
La cúpula de la Iglesia católica acusó ayer miércoles al partido oficialista y al presidente Nicolás Maduro de intentar imponer en Venezuela un sistema de gobierno de corte totalitario que sería el principal detonante de las protestas violentas que desde hace más de un mes tienen lugar en el país.
La Conferencia Episcopal Venezolana expresó que la causa principal de las protestas está en la pretensión del gobierno de imponer el llamado "Plan de la Patria" que dejó el fallecido presidente Hugo Chávez, quien comenzó a partir de 2006 un proceso de avance hacia un modelo socialista caracterizado por un fuerte control del Estado en todos los sectores.
"Detrás de este plan se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático, las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular la de información y opinión; las faltas de políticas públicas adecuadas para enfrentar la seguridad jurídica y ciudadana", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Diego Padrón, al leer un documento de los obispos venezolanos.
Agregó que ese plan también incluye "los ataques a la producción nacional que ha conducido a que se haga necesaria la importación de toda clase de productos, la brutal represión de la disidencia política y el intento de pacificación por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física".
Los obispos lamentaron que el país haya entrado en una espiral de violencia desde que comenzaron en febrero las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la desbordada inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57.3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado al menos 35 muertos, 559 heridos y más de 1,700 detenidos, de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
Maduro ha desestimado las protestas considerándolas parte de un complot de la oposición para promover un golpe de Estado.
