La detención de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, fue considerada como un "paso adelante" por analistas y conocedores de México desde Estados Unidos, quienes coincidieron en que esta captura abonará el terreno del esclarecimiento de las responsabilidades jurídicas, tras la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre.
"Es un paso adelante en la investigación de este terrible crimen, pero no habrá resolución hasta que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y se enjuicie a los culpables", consideró Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Centro Woodrow Wilson.
En opinión del veterano conocedor de la realidad mexicana, "este incidente ha puesto en evidencia la debilidad del Estado en muchas regiones de México y el reclamo de los mexicanos para poner atención prioritaria en fortalecer el Estado de derecho".
En este mismo sentido coincidió el escritor y analista sobre temas de seguridad de México, George Grayson, quien opinó que la detención si bien es importante para el gobierno, la gran pregunta que persiste es si acaso el Estado mexicano será capaz de acotar el terreno al crimen organizado que se ha beneficiado "de la complicidad con personajes como el alcalde de Iguala", y de ese vacío de poder producto de la debilidad institucional en entidades como Guerrero.
El analista del College of William & Mary y autor del libro "México: Narco-Violence and a Failed State", consideró, además, que lo ocurrido en Iguala es una prueba para el sistema político en general y para políticos como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El caso ha capturado la atención de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de instituciones como el Instituto de México del Woodrow Wilson Center.
EXIGENCIA
Amnistía Internacional dijo que la detención de Abarca y de su esposa, será insuficiente si no es acompañada de medidas eficaces que permitan aclarar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y así poner fin a las desapariciones forzadas en el país.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de AI en México, indicó que las autoridades mexicanas también deben responder por la falta de investigación, ya sea por complicidad o negligencia, con relación a violaciones de los derechos humanos y posibles vínculos con el crimen organizado que pesaban desde hace años contra la llamada "Pareja imperial".
