La aplicación discrecional de la ley sólo abona a aumentar la desconfianza ciudadana. Cuando una autoridad se dispone a aplicar “mano dura” sólo a un sector de la población, es explicable que surja reclamo y descontento. En este sentido, es muy probable y entendible que la acción del gobierno, por más plausible que pueda ser el objetivo, termine por generar una sensación de injusticia.
El gobierno de Coahuila ha anunciado que a partir del martes primero de abril retirará de la circulación los autos de los contribuyentes que no se han puesto al corriente en el pago de la tenencia y los derechos vehiculares. El argumento, más allá del compromiso de los contribuyentes, es que para construir un entorno seguro es necesario contar con el registro actualizado de los carros que circulan por las calles y carreteras del estado. Para ello, la máxima autoridad de la entidad otorgó el incentivo de descuentos durante varios meses para que los ciudadanos se pusieran al día.
Si bien es cierto que nadie en su sano juicio puede oponerse a tal medida y su justificación, la forma de proceder del gobierno estatal despierta dudas razonables sobre sus verdaderos motivos. Esto se debe a que la Secretaría de Finanzas ha anunciado que no se procederá contra los vehículos ilegales de procedencia extranjera que durante años han sido tolerados por el hecho de pertenecer a agrupaciones que se ostentan como “defensoras del patrimonio familiar”. Estas asociaciones reparten a cambio de una cuota identificaciones a sus decenas de miles de agremiados bajo la promesa de que no serán molestados por la autoridad, lo cual hasta ahora ha sido cierto.
Sin embargo, dichos vehículos carecen de registros y matrículas oficiales, por lo cual, bajo el mismo argumento oficial, son un factor de inseguridad ya que también pueden ser usados, como ha ocurrido, para cometer delitos sin que pueda hacerse el rastreo oportuno. La excusa de la Secretaría de Finanzas para no proceder contra estos autos es que no le compete a la autoridad estatal, sino a la federal. No obstante, esto es una verdad a medias, ya que si el operativo es para retirar de la circulación los autos sin placas o con placas vencidas, no hay razón para exentar de esta medida a los vehículos ilegales, los cuales también entran en la misma categoría que los autos nacionales sin matrícula.
De no rectificar su postura, el gobierno de Coahuila corre el riesgo de convertirse en promotor de una situación que, al menos en teoría, pretende combatir, ya que a algunos ciudadanos inconformes les será más práctico hacerse de un carro de procedencia extranjera y agremiarse a las organizaciones arriba mencionadas, y dar así más poder a estas. Por lo anterior se puede decir que el operativo “a medias” que aplicará la autoridad estatal será más un incentivo a la ilegalidad que una medida de orden.
