Trámite. Están a la espera de la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las parejas de personas del mismo sexo puedan casarse en Durango.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Durango respondieron al amparo presentado por 18 personas de la comunidad LGTB ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover modificaciones a la ley que impide los matrimonios entre personas del mismo sexo en la entidad.
Al respecto, Ezequiel García Torres, regidor y vocero del Comité de Matrimonio Igualitario en Durango, informó que el Gobierno y el Congreso del Estado respondieron a dicho amparo con argumentos que calificó como "absurdos".
Y es que expresaron que los interesados no promovieron el amparo en tiempo y forma, ya que desde 1948 se promulgó el Código Civil y tenían 30 días hábiles para ampararse, es decir, argumentaron que lo hicieron con 66 años de retraso, por lo que consideraron que no procede.
Asimismo, se les dijo que no acreditan su orientación sexual, "no sé qué quieren que hagamos para acreditarla, es de risa y son actos homofóbicos por parte de estas instituciones", opinó.
Adicionalmente, las autoridades argumentaron que quienes tramitaron el amparo, no acreditaron su lugar de residencia.
"Ellos contestan eso, pero estamos a la espera de la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", manifestó.
Ante esta respuesta que dieron las autoridades locales, García Torres consideró necesario que exista una mayor tolerancia y reconocimiento de derechos de todos los ciudadanos duranguenses, sin discriminación, "es falta de respeto a la comunidad gay y falta de información", añadió.
Dijo que se está a la espera de una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y afirmó que hay más personas interesadas en tramitar el amparo, las cuales lo harán posteriormente.
Es de recordar que dicho amparo fue presentado ante el Vigésimo Quinto Circuito del orden federal el pasado 27 de octubre y fue turnado al Juez segundo de Distrito el 29 de octubre, quien fijó como fecha para rendición de informe en audiencia de las autoridades involucradas el 27 de noviembre del 2014.
