En nuestro país ha sido común que la expansión urbana de las ciudades se realice sin alguna planificación, proceso que ocurre particularmente desde la segunda mitad el siglo pasado cuando se impulsa la industrialización, misma que trae consigo el crecimiento demográfico con la consecuente creación de nuevos asentamientos humanos y con ello la demanda de servicios públicos.
En la Comarca Lagunera este fenómeno se acentúa en dos períodos, uno a fines de la década de los años sesenta e inicios de la siguiente y otro en los años noventa, ambos asociados a las crisis agrícolas derivadas del colapso de la producción algodonera, que expulsó flujos migratorios de los ejidos a la tríada de ciudades que hoy conforman la zona metropolitana como a algunas ciudades fronterizas, donde las personas y sus familias enfrentaron la carencia de viviendas o los asentamientos existentes donde podrían construirlas y los costos que esto implicaba eran económicamente inaccesibles.
En este antecedente encontramos parte de las invasiones de terrenos que dieron origen a colonias populares originalmente precaristas, o aquellas que surgen por el mismo crecimiento poblacional que demandaba esos espacios físicos, fenómeno que iba acompañado de obras de suministro de agua potable, drenaje, recolección de basura, energía eléctrica y pavimentación, por mencionar los servicios básicos, situación que los gobiernos locales no pudieron resolver en la magnitud en que se presentaba esa demanda, generando rezagos que se fueron acumulando con el paso de los años.
Es el caso de la zona centro-norte de Gómez Palacio, Durango, (y de otras más en esta y las ciudades vecinas), donde durante las últimas tres décadas se fue expandiendo y ocupando las actuales colonias de Los Álamos, Nueva Los Álamos, El Refugio y Nuevo Refugio, asentamientos que quedaron delimitados por las vías del ferrocarril al oriente y el periférico en el norte, los cuales fueron accediendo a los servicios mencionados, servicios que con el tiempo resultaron insuficientes como se refleja en la escasa presión de agua que se suministra a las viviendas, drenaje sanitario diseñado para recibir descargas de aguas residuales de poblaciones menos densas que las actuales, o pavimentación que durante ese tiempo se efectuó en vías puntuales o que rara vez se realizó más allá de los bacheos.
De esa manera, ante un evento cíclico de precipitaciones, que si bien ocurre en un período corto de lluvias y no es frecuente que presente volúmenes extraordinarios, los rezagos aparecen provocando, también de manera cíclica, inundaciones que afectan el tránsito vial y un daño patrimonial en las viviendas, además de las implicaciones sanitarias que surgen de la mezcla del agua precipitada con las aguas residuales que brotan del insuficiente drenaje, al cual se agrega los sólidos que obstruyen su flujo.
Este problema se ha venido acentuando por el aumento en los volúmenes que se descargan en el drenaje sanitario, pero se agravó con la reciente tormenta eléctrica que precipitó 55 milímetros de agua, misma que se acumuló en las depresiones o partes bajas donde prácticamente se formaron lagunas urbanas, situación que generó nuestro malestar como residentes en dicha zona porque esa mezcla insalubre de agua invadió las viviendas, deteriorándolas o destruyendo el mobiliario, daños que cada familia tiene que atender por cuenta propia aun cuando son consecuencia del rezago que se presenta en un servicio público, además de dificultar la movilidad laboral de quienes tienen que desplazarse a sus trabajos.
Dicho malestar desembocó en una acción cívica colectiva de bloqueo de calles que llamara la atención de las autoridades, evento que si bien afecta el tránsito de vehículos y otras actividades, constituyó una válvula de escape ante la frustración en las gestiones que vecinos venían realizando desde hace seis años, y donde como respuesta sólo habían obtenido promesas de solución que con el tiempo se verían incumplidas.
En esta ocasión también hay un reconocimiento gubernamental de ese rezago donde, por cierto, el organismo operador municipal de agua potable y drenaje (Sideapa) ya cuenta con el proyecto técnico que posibilitaría una solución de largo plazo, pero ahora se espera un esfuerzo de los tres niveles de gobierno para que se empiece a aplicar en este año, o en el más dilatado de los casos, que con certeza se contemple como una prioridad en los presupuestos de obra pública del siguiente.
En contra parte, existe el reclamo oficial a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias con el municipio como el pago del predial y del mismo servicio de suministro de agua entubada, situación que afecta la situación financiera del organismo operador y de las propias arcas municipales, obligación de la cual no deben ser excluidos sobre todo aquellos que tienen capacidad económica para cubrirla y que la evaden por motivos no justificados.
Mientras tanto, los vecinos de esta área habitacional también esperamos, como una forma de mitigar el temor de que ocurran precipitaciones, sobre todo extraordinarias como las de hace días, la aplicación de medidas preventivas o alternativas que eviten la concentración de esos volúmenes de agua y el daño consecuente que provocan, por lo que sirva este caso como un ejercicio para atender rezagos sociales que ocurren a escasos centenares de metros del centro de la ciudad.
