Poderío. Todo Italia se puso en vilo ante las poderosas y robustas marchas de los sindicatos.
Dos sindicatos mayoritarios de Italia llevaron hoy a cabo la primera huelga general contra el Gobierno de Matteo Renzi, quien dijo "respetar" a quienes protestan pero, sin embargo, aseguró no sentirse "impresionado" a pesar de su amplio seguimiento, según los convocantes.
Esta huelga fue convocada por los dos principales sindicatos mayoritarios de Italia -Cgil y Uil- con el fin de protestar contra las políticas gubernamentales, principalmente contra la reforma laboral y los Presupuestos Generales del Estado para 2015.
Los sindicatos celebraron en un comunicado que la adhesión media a la protesta fue "superior al 60%" y la participación en las manifestaciones alcanzó el millón y medio de personas.
"Así no se puede" fue el lema elegido por los sindicalistas para encabezar las manifestaciones que se sucedieron en un total de 54 ciudades de todo el país, como Milán, Turín, Génova (norte), Bolonia, Roma, Florencia, Pisa, Siena (centro) o Nápoles (sur).
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Renzi dijo "respetar" a quienes pagan "con una jornada de su sueldo sus críticas al Gobierno" pero aseguró no sentirse "impresionado" por la protesta.
"Hay un país por cambiar y lo cambiaremos. No me impresionan.
Continuamos con la cabeza en alto en la única dirección posible para salvar Italia", refirió.
Renzi cuenta ya con el permiso parlamentario para emprender sus medidas en materia laboral, destinadas esencialmente a facilitar el despido y a simplificar el proceso de contratación en pro de una mayor flexibilidad del mercado del trabajo.
Según la Cgil, "la Ley de Empleo (conocida en Italia como 'Jobs Act') y los Presupuestos para el año próximo no contienen medidas para revitalizar el trabajo y la economía" de un país aún en fase de recesión.
Una opinión que comparte la otra central convocante, Uil, que solicita al Ejecutivo la modificación de unas medidas que resultan "absolutamente insatisfactorias para quienes demandan un empleo".
En Turín se personó la líder de la Cgil, Susanna Camusso, quien emplazó al Gobierno de Renzi a decantarse entre "el conflicto o el debate" porque la intención de los sindicatos es de "no detenerse".
En esta ciudad piamontesa se registraron algunos de los altercados más violentos de la jornada, que derivaron en nueve manifestantes detenidos.
También en Milán (norte) se han vivido momentos de tensión cuando algunos participantes han comenzado a lanzar huevos, piedras y petardos contra la policía, y se produjeron enfrentamientos en los que once personas resultaron heridas.
Hubo también cargas policiales en Roma, donde estuvo presente el líder del otro sindicato convocante, Carmelo Barbagallo, quien explicó que la intención de la huelga es "detener Italia para hacerla partir en la dirección justa".
Uno de los sectores más perjudicados por este parón fue el de los Transportes y en Roma pudieron percibirse los estragos que provocó en sus calles: atascos de vehículos privados, prácticamente ningún medio público y el enfado generalizado de la población.
En este sector, según, la adhesión fue "muy alta" ya que lograron detener "casi el 50 % de los trenes, el 60 % de los aviones y el 70 % de los autobuses urbanos y metros" a nivel nacional.
SINDICATOS
Se unieron para realizar la protesta en todo el país
CIUDADES
Presentaron marchas en contra del gobierno
Presenta Mateo Renzi protesta anticorrupción
El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, anunció hoy la aprobación en Consejo de Ministros de un proyecto de ley destinado a combatir la corrupción en el país y que prevé, entre otras medidas, el endurecimiento de las penas por este delito.
Renzi compareció ante los medios de comunicación al término de la reunión del Consejo de Ministros, que en relación con estas medidas contra la corrupción ha demostrado un "gran acuerdo".
"Nosotros somos personas que van con la cabeza en alto en estos temas pero pensamos que podemos hacer más sobre las normas (...) Es justo cambiar las reglas del juego", dijo el primer ministro.
Se trata de un paquete compuesto concretamente por cuatro medidas que ahora tendrán que superar el trámite parlamentario.
La primera establece el aumento de las penas por corrupción: La mínima pasa de cuatro a seis años y la máxima de ocho a diez.
La segunda prevé la prolongación del tiempo necesario para que se decrete la prescripción de un delito.
La tercera aborda el pacto de las penas, que continuará siendo una "vía posible" pero que solo podrá ser aplicada si el culpable restituye lo sustraído.
La cuarta, considerada "el punto central", implica que quien sea condenado "pague todo, hasta el último centavo" de robó.
