Por aquellas cosas raras de la vida, el azar reuniría en alguna ocasión a dos personajes contrastantes en la misma mesa: Gastón Azcárraga Andrade y Félix Salgado Macedonio, codo a codo el presidente del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el presidente municipal de Acapulco.
El segundo, de carácter desparpajado, inició el diálogo: -¿Tú quién eres? Y la respuesta espontánea, sin bordados, sin ribetes: -Soy uno de los pirruris de que habla tu jefe, Andrés Manuel López Obrador.
Gastón III debió haber dicho el nieto de Gastón Azcárraga Vidaurreta, hermano de Emilio, el fundador de la XEW y el imperio Televisa, e hijo de Gastón Azcárraga Tamayo, creador de la cadena hotelera Posadas.
Ahora que quizá debió haber agregado: -Soy el nuevo dueño de Mexicana de Aviación y 47 filiales que le acompañan.
Eran otros tiempos.
El presidente entonces del organismo que aglutina a las 39 compañías más poderosas del país vivía a pleno derecho de picaporte en Los Pinos, tras haber puesto al servicio del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Vicente Fox, la suite presidencial del más lujoso de sus hoteles, ubicado en Paseo de la Reforma.
Quién pensaría entonces que el "pirruris" enfrentaría años después la peor de sus pesadillas.
El primer aviso de que finalmente habría justicia frente a las acusaciones que colocaron en la mesa los tres sindicatos de la línea aérea, entre otras cosas por "administración fraudulenta", llegó en diciembre del año pasado, vía el menos grave de sus presuntos pecados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reconoció que el empresario había violado la Ley del Mercado de Valores al no comunicar a los inversionistas que le apostaban a la acción de Posadas la salida de las pistas de Mexicana de Aviación.
El imperio hotelero era dueño del segmento mayoritario de la línea aérea.
La entidad supervisora consignó el asunto vía la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público Federal le dio cauce a la querella por lo que se calificó de conducta dolosa en agravio del artículo 393 fracción II de la Ley del Mercado de Valores. Hasta entonces Azcárraga había librado acusaciones de defraudación fiscal, al no enterar al erario impuestos retenidos a los trabajadores, persiguiéndose por el delito al que fuera director general de la empresa aérea, Manuel Borja Chico… quien acaba de ser exonerado.
Sin embargo, la consignación actual avalada por un juez en contra del empresario que meses después de su graciosa huida de Mexicana dejaría la presidencia del grupo Posadas, tras desaparecer del escenario público, fue por un delito mayor: operaciones con recursos de procedencia dudosa, es decir, "lavado" de dinero.
La catarata, sin embargo, es impresionante. Azcárraga Andrade, de entrada, no le notificó a la autoridad la creación del llamado Nuevo Grupo Aeroportuario, que aglutinaba tanto a Mexicana como a sus filiales Click y Link, en aparente afán de cancelar operaciones de la primera.
Tampoco pidió permiso para vender 95% de las acciones de la firma a la Tenedora K. Los inversionistas, a su vez, se quedaron en blanco respecto a las condiciones en que se había pactado un préstamo cercano a mil millones de pesos con el Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyo aval eran terrenos de la empresa y nueve aviones.
Tampoco, en la misma ruta, se dio a conocer a los inversionistas de un préstamo previo pactado éste con el Banco Mercantil del Norte por mil 500 millones de pesos, que le permitía a la intermediaria cobrar el principal o los intereses vía los pagarés (conocidos como vouchers) firmados por sus clientes en la compra de boletos.
En el rosario de denuncias contra el exmagnate hotelero se habla de la inaudita desaparición del fondo laboral de la firma; de favorecer, aún en la ruina financiera de Mexicana, a sus hoteles; de derrochar recursos en cuestiones baladíes, como el pintar cada rato los aviones…
Y no le seguimos por falta de espacio.
Jaque al intocable.
BALANCE GENERAL
Aunque reconoce que sí existe la intención del magnate Carlos Slim de realizar una inversión conjunta con la firma de televisión satelital Dish, ésta sostiene que la posibilidad está sujeta a que la autorice el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Se trata, dice la firma encabezada por Joaquín Vargas, de una operación de realización incierta.
Según ello, los recursos etiquetados a Teléfonos de México no representarían una participación accionaria, es decir, la firma seguirá en manos de la cadena MVS y la empresa Echostar. Sin embargo, no se detalla a qué apuntaría la inversión que fue pactada. Televisión Azteca, como usted sabe, ha reiterado una denuncia ante el propio Ifetel para investigar la relación entre la televisora y el magnate, en la mira de que se le declare preponderante a la firma.
La televisora sostiene que la alianza firmada entre Telmex y Dish va más allá de la cobranza, dado que se venden paquetes conjuntos.
De hecho, ayer la firma de Ricardo Salinas Pliego presentó un agregado a su querella con los documentos firmados por las partes que comprometen una cantidad multimillonaria.
GAP A LA CORTE
El punto fino a que apuntará la resolución de la Suprema Corte frente al pleito entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, se orienta a dirimir la validez de derechos adquiridos por los inversionistas frente a la vigencia de una Ley, en este caso la del Mercado de Valores.
Como usted sabe, el empresario ha comprado 32.2% de una emisión accionaria que representa 85% del capital del emporio aeronáutico, lo que le daría 28.3% de éste, en un escenario que la emisora califica la inversión de hostil. De acuerdo con los estatutos internos de la empresa, ningún inversionista, persona física o moral, puede adquirir más de 10% de los papeles en el mercado, lo que difiere del ordenamiento señalado.
El problema, sin embargo, es que los inversionistas que tienen el resto de los papeles, calificados como "acciones de control", alegan que de darse la razón a Larrea se vulnerarían las condiciones en que se pactó la privatización de GAP, en agravio de la certeza jurídica.
Otra privatización, pues, al banquillo.
OLAS EN LA IP
Como lo anticipamos el lunes, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para una nueva Ley Federal de Competencia Económica levantó la protesta de los organismo empresariales.
La inconformidad se centra en tres vertientes: la posibilidad de cárcel para quienes se coludan en agravio de la competencia o de los consumidores, la ratificación de la posibilidad de castigos que podrían llegar al 10% de la facturación anual de una empresa hegemónica, y la facultad al Ejecutivo para fijar precios en productos "sensibles" cuando la oferta se manipule.
El debate está en la mesa.
ALESTRA QUIERE AXTEL
En afán de regresar al escenario de la clientela residencial, la empresa de telefonía Alestra está coqueteando la compra o fusión de Axtel.
Como recordará usted, la firma se integró al abrirse la competencia en telefonía fija tras cinco años de exclusividad que mantuvo Teléfonos de México a su privatización.
Incapaz de competir al tú a tú con el gigante, la compañía se centró en el nicho de los servicios corporativos.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
