Localizado en la zona centro del estado, Jiutepec alcanzó notoriedad en los últimos años por sus elevados índices delictivos, cuyas cifras repuntaron en la gestión del perredista Miguel Ángel Rabadán Calderón (2009-2012).
Con el exedil se acentuaron grupos delictivos como el cártel del Pacífico Sur (CPS), una célula de los hermanos Beltrán Leyva desintegrada luego de su autoría en el homicidio de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia.
También formó parte de ese grupo Edgar "N" "El Ponchis", un adolescente acusado de homicidio y que después de tres años de prisión en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes fue repatriado a Estados Unidos en atención a su nacionalidad.
La segunda semana de este mes la Policía Federal localizó y cercó en la colonia Naranjos -clasificada de alta peligrosidad por las autoridades- al supuesto líder del cártel de "Guerreros Unidos", señalados como responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
La versión oficial dice que Benjamín Mondragón Pereda "El Benjamón", se disparó en la cabeza después de negociar la salida de una mujer que lo acompañaba en el momento de su localización.
Con el peso de la herencia a cuestas, la presidenta municipal de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, anunció que solicitaría al gobierno federal el apoyo de la Gendarmería para inhibir la delincuencia. Consideró que las actividades de la Policía de Mando Único, con presencia en 24 de los 33 ayuntamientos del estado, ha sido deficiente en ese municipio.
En septiembre un grupo de víctimas de la violencia se entrevistaron con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para pedirle el envío de la Gendarmería ante el crecimiento de los delitos en la zona oriente.
Con el grupo de víctimas acudieron el diputado federal del PRD Francisco Rodríguez Montero y la profesora Carmen Genis Sánchez.
En respuesta, el comisionado de Seguridad en Morelos, Alberto Capella, consideró que los ediles que piden a la Gendarmería son ignorantes porque en el estado hay coordinación con las fuerzas federales y castrenses.
Sin embargo, los jóvenes ultrajados son un ejemplo de la inseguridad y la desconfianza. Varios padres de familia y los propios muchachos renunciaron a continuar con la denuncia para evitar el escarnio y la doble victimización de las chicas ultrajadas.
Otros, decidieron suspender sus visitas a la Fiscalía para evitar represalias de los autores materiales, dicen.
