ENTRADA.- Todo tiene un límite. El país y sus instituciones no pueden continuar este estado de catarsis alimentado por grupos manipulados por oscuros intereses y patrocinados por poderes facticos que sufrieron mermas en su patrimonio, en sus privilegios o cotos de poder, con motivo de las reformas estructurales aprobadas en el Congreso de la Unión, patrocinadas por Peña Nieto y negociadas con el consenso de todos los partidos políticos.
México no puede ni debe seguir por el camino que va, so pena del desencadenamiento de la violencia generalizada y una total descomposición moral.
Muy Penosos y lamentables los asesinatos que el crimen organizado en el Estado de Guerrero vía los narcos de "Guerreros Unidos", cometió en daño de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Si, muy lamentable, pero por lo mismo, el estado deberá encontrar e imponerles todo el rigor de la ley a los autores materiales, intelectuales y a gobernantes que por sus omisiones, complicidad y corrupción permitieron tal atrocidad, pero todo tiene un límite.
SOPA.- Ahora con el pretexto de aquellos lamentables sucesos, se pretende acorralar y poner contra la pared a las instituciones y órganos de gobierno. Se busca secuestrar al país todo, minar su voluntad y poner a 120 millones de mexicanos en un estado de desesperanza, abandono, frustración, enojo, irritación, división, venganza e impotencia, cosa que parece están logrando.
PLATO FUERTE.- Millones de mexicanos ya no creen en nada mucho menos en el gobierno. Tan no se cree en nada, que ya salió por ahí un señor Félix Rosales que dice representar un "movimiento popular", acusando que los fragmentos óseos respecto de los cuales los forenses argentinos y austriacos afirmaron pertenecer al joven Alexander Mora Venancio, ¡fueron sembrados por el gobierno¡
En otra acción, los padres de los normalistas exigieron al Senado que no haya elecciones mientras no aparezcan los estudiantes desaparecidos.
Vidulfo Rosales, apoderado legal de los familiares desaparecidos hicieron ver a los legisladores, que ahora resulta imposible realizar comicios en la entidad.
Así las amenazas, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero ya ordenó clausurar las instalaciones del INE en Chilpancingo confirmando que no habrá elecciones en aquel estado el próximo año, amenazando además, con incendiar el edificio si le quitan los sellos que ellos pusieron.
También los miembros de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) se opone al mando único estatal de las policías, según ellos, por contravenir el espíritu del artículo 115 constitucional y tener un carácter centralista.
Como se podrá ver estamos viviendo un herradero infinito en el tiempo y en el espacio. A cada amenaza de los anarcolocos el gobierno se repliega y no manifiesta capacidad de reacción para aplicar simple y llanamente la ley. A cada acción de los encapuchados el gobierno federal, pone de manifiesto su impotencia para ir resolviendo la problemática. Cada día las pitas más se les enredan y como consecuencia, 120 millones de mexicanos claman y le reclaman restituir el imperio de la ley.
Un estado disminuido con autoridades minadas por la parálisis (yo diría que por miedo), no auguraran nada bueno para la nación y es que los errores de gobierno tarde que temprano tendrán que pagarse.
Estamos viviendo lo que se ha dado en llamar "LA CAPTURA DEL ESTADO". No se trata de la conocida corrupción que lo inmoviliza para no cumplir con sus deberes constitucionales. LA "CAPTURA DEL ESTADO" sucede cuando los órganos de gobierno a cualquiera de sus tres niveles, son cooptados por el crimen organizado o agrupaciones de hecho o de facto, las que resuelven sustituirlas y asumir el carácter de autoridades en un determinado territorio.
Una vez que esto sucede, el estado desaparece técnicamente y abandona el territorio sustraído dejándolo en manos de terceros. Casos clarísimos los de Michoacán y Guerrero. De ahí que el Gobierno federal está obligado a reaccionar en consecuencia y en legítima defensa la preservación del propio Estado.
Si un pequeño grupo de personas pueden ordenar al gobierno federal si hace o no elecciones; si ocupa o no una autopista; si puede destruir y quemar bienes públicos y privados con toda libertad y a discreción; si permite o no el paso de las fuerzas de seguridad del estado por una región determinada; si puede o no cerrar a discreción centros universitarios; sí puede o no portar armas a su voluntad o cuando pequeños grupos descontrolados pueden golpear impunemente a los agentes de la seguridad, ese Estado se encuentra en gravísimo riesgo de sumirse en una crisis institucional de proporciones y consecuencias desconocidas.
POSTRE.- Son 120 millones de mexicanos que esperan la reacción del gobierno, que apegada estrictamente a la ley, haga prevalecer el estado de derecho.
DIGESTIVO.- Son muy lamentables en verdad los sucesos del Ayotzinapa, pero más lamentable es usarlos para desatar la anarquía e impunidad y poner en riesgo la misma convivencia de todos los mexicanos.
Todo tiene un límite y una mesura.