Esta mañana, la inmensa mayoría de los mexicanos no cometió un delito ¿Por qué no? ¿Por temor a una sanción? Tal vez, pero esa no puede ser la explicación entera.
En México, el riesgo de castigo por una violación a la ley es extraordinariamente bajo: un presunto responsable es consignado ante un juez sólo en uno de cada 200 delitos. Alguien que se proponga delinquir hoy tiene más de 99.5 % de probabilidad de salirse con la suya.
A pesar de ello, muy pocos van a robar, secuestrar o matar hoy. No hay explicación única de ese comportamiento, pero hay una que a menudo se olvida: la ley tiende a ser legítima. Por ello, quiero decir algo muy sencillo: la ley se empata con nuestras intuiciones morales. Por eso la aceptamos voluntariamente.
No robamos no porque así lo diga el Código Penal, sino porque lo aprendimos desde pequeños, porque sentimos en nuestro fuero interno que hay algo indecente en arrancarle a alguien el fruto de su trabajo, porque sabemos que no hay que hacer lo que no queremos que nos hagan. No robamos porque tenemos capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
Por supuesto, esos resortes voluntarios no son un mecanismo perfecto. Se pueden quebrantar ante situaciones excepcionales, tal como lo acabamos de ver con los saqueos generalizados que siguieron al huracán Odile en Baja California Sur. Se debilitan en entornos de exclusión sistemática, como se vio en Ciudad Juárez durante los años de violencia desbocada. Pero, con todo, representan un extraordinario muro de contención frente a la anarquía. Hacen mucho más que cientos de miles de policías.
Por eso es indispensable atesorar la legitimidad de la ley. Y pocas cosas la subvierten tanto como la inequidad en la aplicación de las reglas. "No robarás" es un mensaje ético potente. "No robarás, salvo que seas rico, poderoso y con acceso a un buen abogado", no tanto. Si las personas perciben que el terreno no es parejo, el respeto a la norma inevitablemente se socava: la ley empieza a ser vista como una imposición y no como una expresión de nuestros valores. La contención voluntaria inevitablemente se debilita.
En consecuencia, si queremos preservar la legitimidad de la ley, resulta indispensable comunicar con hechos que las reglas aplican para todos, sin importar posición económica o cargo político. Hoy estamos ante una oportunidad de oro para mandar ese mensaje.
No sé si sean ciertas las imputaciones que se han hecho sobre la casa de la familia del Presidente Peña Nieto. Sin embargo, la información disponible sugiere la existencia de un posible conflicto de interés. En cualquier país que se precie del respeto a la ley, eso debería de ser más que suficiente para detonar una investigación amplia por parte de las autoridades correspondientes. Si México quiere ser incluido en esa lista, es indispensable una reacción institucional ante el caso.
¿De qué tipo? La PGR podría, por ejemplo, crear una fiscalía especial para realizar las indagatorias que correspondan. La Cámara de Diputados podría establecer una comisión de seguimiento. La Auditoría Superior de la Federación podría revisar los contratos y licitaciones que involucren a la constructora que aparentemente es dueña de la casa.
Al cabo de una investigación, el Presidente y su esposa bien podrían quedar totalmente exonerados. Pero en ausencia de ese ejercicio, el asunto va a quedar como un poderoso recordatorio de que las reglas no son de aplicación universal. No se me ocurre mejor manera horadar el ya menguado respeto a la ley en México y garantizar que otros, tal vez muchos, la violen a la menor oportunidad.
@ahope71
