La falta de certeza inicia desde los números. Según los líderes de organizaciones que protegen a los propietarios de vehículos irregulares de procedencia extranjera existen alrededor de 70,000 unidades de este tipo en Coahuila. No obstante, la Administración Fiscal General del Estado apunta a una cifra menor: 60,000. Pero hay otros datos que hablan de más de 80,000. La ausencia de números ciertos implica un primer vacío para enfrentar el tema.
Para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el ingreso de los llamados autos "chuecos" representa un problema serio debido al impacto que tiene en la industria automotriz nacional. Según la asociación, de 2005 a mayo de 2014 fueron importados de Estados Unidos 7.5 millones de vehículos usados, cifra que equivale al 88 por ciento de los autos nuevos vendidos en el mismo período. De acuerdo con los datos de la AMDA, uno de cada tres carros que circulan en el país es "chueco". Y sólo en el primer semestre de 2014 ingresaron a México más de 225,000 unidades, número que si bien es ligeramente menor al registrado el año pasado, no deja de ser importante.
Los problemas derivados de esta importación van más allá de las cuestiones económicas. Se trata de un asunto de legalidad, seguridad pública y medio ambiente. Los autos carecen de registro oficial, no portan placas y, por lo tanto, no pagan los impuestos de los carros nacionales. Un buen número de delitos -80 por ciento, según la Procuraduría de Justicia de Coahuila- son cometidos a bordo de este tipo unidades. Y por lo regular, estos automóviles no cumplen con las normas ambientales debido a su antigüedad y tampoco pasan por los centros de verificación.
Pero también el tema tiene una arista políticoelectoral y es aquí donde empiezan las autoridades a tropezar al llevar a cabo los operativos de retiro y regulación. En un programa de televisión reciente, José Guadalupe Barrios, dirigente de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) declaró abiertamente que la asociación que preside ha servido en numerosas ocasiones como reserva de votos para los candidatos del PRI tanto en Coahuila y Durango, carta que ha intentado utilizar para negociar con los gobiernos una salida que no afecte sus intereses y los de sus agremiados.
Las ambigüedades y contradicciones en las que han incurrido las autoridades estatales de Coahuila, la evasión para entrarle al tema por parte del gobierno de Durango y la falta de aplicación de los reglamentos de tránsito entre los ayuntamientos, dejan ver que no existe una voluntad clara para poner orden en este asunto, y la sospecha de que los intereses políticoelectorales se han puesto una vez más por encima de los de seguridad, medio ambiente y legalidad crece. Los dobles discursos están a la orden del día.
Mientras que por un lado se impulsa una reforma al Código Penal de Coahuila para castigar a quienes fabrican y venden placas no oficiales, por la otra, ante la primera demostración de músculo por parte de las organizaciones se pactan acuerdos para no proceder contra quienes las porten. No obstante, el gobierno estatal no es claro en este tema. Primero el administrador fiscal general, Roberto José Díaz, asegura que los operativos son contra todos los autos que no porten las matrículas debidas, pero luego dice que en el caso de los de procedencia extranjera sólo van contra los considerados "de lujo".
Por si fuera poco, tras la manifestación de los agremiados a las organizaciones se dijo que los operativos "antichuecos" serían suspendidos derivado del diálogo entre los líderes y representantes del gobierno estatal. Un día después, el gobernador Rubén Moreira declaró en Torreón que no hay tal suspensión, pero que sólo van a ser retirados de circulación los autos importados de lujo sin registro oficial. Al día siguiente, el administrador fiscal lo contradice y reitera que van contra todos. ¿Cuál es la postura, entonces? Los datos, nuevamente, nos dan luz al respecto: por cada carro "chueco de lujo" retirado de circulación en los operativos, 20 automóviles nacionales han sido enviados al corralón.
Esta confusión creada por las autoridades en nada abona a la certidumbre legal del estado. Tal parece que las autoridades en este tema quieren quedar bien con Dios y con el Diablo, enviando mensajes encontrados con destinatarios distintos: por un lado los empresarios que exigen poner freno al desorden de los autos "chuecos", y por el otro las organizaciones que defienden a los dueños de dichas unidades. ¿Es posible conciliar estos intereses tan diferentes? Se antoja difícil. Lo mínimo que debería ofrecer en este caso el gobierno estatal es claridad en su postura y coordinación con el gobierno de Durango y el federal para hacer frente de la mejor manera a este problema de múltiples aristas.
El problema es complejo, sin duda, ya que la importación ilegal de vehículos implica la participación de varios actores en la ruta y la corrupción para que las autoridades se hagan de la vista gorda. Mientras no haya una estrategia integral que abarque a los distintos niveles de gobierno, que deje de lado los criterios políticoelectorales, y en la que se aplique la ley a todos por igual así como los incentivos para el plaqueo y registro deben incluir también a los que deciden comprar vehículos nacionales, me temo que vamos a seguir discutiendo este tema por un buen rato más.
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