La noticia corrió como pólvora. En la era de Internet las redes sociales fueron el medio por donde muchos se enteraron de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo.
Bastaron unos minutos para que la noticia se convirtiera en el tema del momento en el tuiter, esto a pesar de que la información era escueta y se limitaba a un cable de AP donde se consignaba la detención del narco en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. En el operativo habrían participado autoridades de los Estados Unidos y México.
Apenas el pasado 20 de febrero la vivienda situada en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán, propiedad de Griselda Pérez López, exesposa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”, había sido cateada. Dos días después se logró la detención del hombre que logró construir un imperio de droga el cual se extiende a lo largo de América del Norte, pero llega también a lugares tan lejanos como Europa y Australia.
“El Chapo Guzmán” llegó a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes ya que se estima que su fortuna asciende a mil millones de dólares. Bajo su sombra se han tejido innumerables leyendas de corrupción, sangre y muerte.
Con su detención terminan 13 años de impunidad. Es importante recordar que fue en 2001, en el sexenio de Vicente Fox, cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán, se escapó del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco. Y en seis años de gobierno de Felipe Calderón no fue atrapado.
Sin duda su detención es un gran logro del gobierno de Enrique Peña Nieto que de esta forma logra reposicionar la imagen del presidente. “El Chapo” es más valioso que una portada de El Time.
Tras esta victoria de la justicia mexicana la pregunta obligada es: ¿qué sigue ahora? Por desgracia no podemos decir que significa el fin de la violencia, seguramente acelerará la transición de narco exportador a mafias locales.
La detención de “El Chapo” merece el aplauso, sin regateo a las autoridades federales, ya que manda una señal de que nadie está por encima de la ley, pero al mismo tiempo obliga a todos los niveles de gobierno a diseñar estrategias de prevención y contención para evitar una escalada de violencia derivada de la lucha entre cárteles por el control de plazas.
