Contrario a lo que señala el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la ejecución sumaria de 21 personas en el operativo de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado no es una "acción aislada"; la manipulación de la escena del crimen y, por ende, la presentación de la misma como producto de un enfrentamiento es el modus operandi del Ejército Mexicano en el combate a la delincuencia organizada.
La secuencia de hechos y la narrativa oficial es idéntica (con la diferencia del cambio de sexenio y de personajes) a lo sucedido en el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, asesinados por el Ejército el 20 de marzo de 2010; el de Jorge Otilio Cantú, el 18 de abril de 2011; y los menores Bryan y Martín Almanza Salazar, en abril de 2010, entre muchos otros casos en los que los militares intentan cubrir sus ejecuciones extrajudiciales o sus excesos con enfrentamientos o pretendidos intentos de escapar.
La secuencia de hechos muestra claramente la complicidad de todas las autoridades: el hecho ocurre el 30 de junio a las 5:30 de la mañana; la Secretaría de la Defensa Nacional emite un comunicado donde señala que los militares habían abatido a 22 "agresores" en un operativo, en el que habían liberado a 3 mujeres que se encontraban secuestradas y asegurado 38 armas, granadas y demás armamento; reconocían que uno de sus efectivos resultó herido, pero su estado era estable.
El 8 de julio, la agencia noticiosa norteamericana Associated Press (AP) divulgó una nota informativa donde denunciaba que había "escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento" y más bien había algunos elementos para sospechar que había sido una ejecución, ya que los orificios de bala en las paredes de la bodega estaban rodeados de manchas de sangre. Dos miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos (ACNUDH), según la misma agencia noticiosa, expresaron que no encontraron signos de balas perdidas, como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.
El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado donde afirmaba que "no existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos no existe indicio alguno sobre una posible ejecución".
El 18 de septiembre pasado, la revista Esquire México divulga la versión de una testigo, identificada como Julia, donde denuncia que los elementos del Ejército Mexicano ejecutaron a 21 jóvenes (uno de los muertos sí fue abatido en el enfrentamiento; pero los restantes 21 fueron ejecutados), después de que se habían rendido. Es decir, las declaraciones de una testigo avalaban las sospechas que había planteado la AP, únicamente a partir de haber revisado la escena del crimen.
El 19 de septiembre, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jeff Ratkhe, planteó: "Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones".
El mismo 19 de septiembre por la noche, la Sedena y la Procuraduría General de la República emitieron sendos boletines donde señalan que todavía no concluyen las investigaciones en relación con los hechos sucedidos el 30 de junio, pero reiteraron que se habían hecho bien las cosas durante el operativo y en las investigaciones en marcha.
El 22 de septiembre, al concluir su participación en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto declaró: "La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema".
El 25 de septiembre la Sedena informó que 8 elementos del Ejército Mexicano (un teniente y 7 elementos de tropa) fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y fueron internados en el Campo Militar Número Uno, en el Distrito Federal, por su "presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa".
Los hechos son contundentes: los militares manipularon la escena del crimen; las autoridades civiles manipularon las evidencias (autopsias, peritajes, etc.); los medios de comunicación internacionales (AP y Esquire México) denunciaron la ejecución extrajudicial; el gobierno estadounidense exigió una investigación; y las autoridades de justicia militares pretenden acallar las voces manteniendo a los militares dentro del fuero militar.
Expertos entrevistados por el periódico Reforma manifestaron que debieron participar al menos 20 elementos del Ejército en el operativo, por lo cual no se entiende por qué se consigna únicamente a ocho y el de mayor rango es un teniente; además de que hoy, por las sentencias de la Corte de Justicia y las últimas reformas legislativas, los militares deben ser enjuiciados en tribunales civiles, no en los militares. Tal como ha ocurrido en el pasado, autoridades civiles y militares se coluden para proteger las ejecuciones extrajudiciales de los militares, que en muchos casos han involucrado a civiles evidentemente inocentes, como los estudiantes del Tecnológico, el joven Jorge Otilio Cantú o los menores Almanza Salazar.
En éste, como en los otros casos, los militares y las autoridades que los encubrieron deben ser procesados y, en su caso, sentenciados en los tribunales civiles.