De acuerdo al video de uno de los líderes de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, ellos iniciaron su movimiento el 24 de febrero del año pasado, aunque empezaron a cobrar notoriedad pública hasta octubre del año pasado, cuando los cárteles de la droga reaccionaron frente a los logros y avances de los grupos de autodefensa enfrentándolos y perpetrando ataques a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y negocios particulares.
Los enfrentamientos y las acciones de los cárteles se agudizaron todavía más a inicios de este mes de enero y provocaron, finalmente, la acción del gobierno federal, que decidió desaparecer virtualmente los poderes de dicha entidad y nombrar a Alfredo Castillo, fiel escudero de Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México, como su delegado plenipotenciario para tratar de apagar la crisis de inseguridad que vive la entidad.
La medida del gobierno federal merece, al menos, tres consideraciones: una primera, sobre la constitucionalidad de la opción que tomó el gobierno federal para intervenir en el conflicto; la segunda, sobre la eficacia y conveniencia de recurrir a quienes tuvieron a su cargo la seguridad en el Estado de México, que es el estado de la República Mexicana con mayor incidencia delictiva; y la tercera, en torno a qué hacer con el resto del país, pues al menos en otras 12 entidades hay evidencias de la existencia de los grupos de autodefensas.
Respecto al primer aspecto es conveniente señalar que el gobierno optó por una vía legal que se abrió a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública en diciembre del 2012, que otorgó poderes plenipotenciarios a la Secretaría de Gobernación para, con el pretexto de combatir la inseguridad, actuar por encima de los poderes democráticamente electos en las entidades y municipios.
El gobierno federal ignoró las dos vías constitucionales: la declaración de estado de emergencia, que hubiese requerido la aprobación del Congreso de la Unión; o la desaparición de poderes, que se requería la del Senado e implicaba nombrar gobernador al último presidente del Congreso del Estado, el perredista Fidel Calderón, y convocar a nuevas elecciones en un plazo de entre 3 y 6 meses. Era más fácil concentrar las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal y no tener que consensar con ningún otro poder o instancia de gobierno. La vía autoritaria y centralista.
Respecto a la designación de Alfredo Castillo, ex procurador en el Estado de México y a todo su equipo de colaboradores en aquella entidad, para resolver el problema en Michoacán, basta revisar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2013 (Envipe 2013) -comentada en este mismo espacio en la tercera semana de octubre del año pasado- la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en dicha entidad fue de 56,752, es decir, prácticamente 57 de cada 100 habitantes del Estado de México sufrieron algún delito en el último año. Así colocan la responsabilidad de recuperar la seguridad en manos de las autoridades más ineficaces, de acuerdo a dicho instrumento de medición.
Persiste la decisión de elegir a los colaboradores en función de la amistad y la lealtad y dejar de lado los resultados de su actuación pública previa; en este caso se trata de alguien muy cercano al actual presidente y lo demás poco importa. Bajo la figura de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral ya ni siquiera hay que pasar por las elecciones, basta la emisión de un decreto presidencial.
Y, finalmente, más allá de que difícilmente lograrán la pacificación de Michoacán con estas acciones, la realidad es que por esta vía el país se llenará de comisionados del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues de acuerdo a una somera investigación que realicé en noviembre del año pasado y cuyos resultados publiqué en el número 1934 de la revista Proceso, "…lo cierto es que los llamados grupos de autodefensa se han multiplicado en el país; una somera revisión de las informaciones difundidas en los portales de información electrónicos revela datos precisos de sus acciones al menos en las siguientes 13 entidades: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz". Y aquí no aparecen entidades como Coahuila y Nuevo León, entre otras, donde la delincuencia también sienta sus reales, pero los únicos grupos de autodefensa registrados son los guardias blancas de los grandes empresarios.
Michoacán es simplemente la entidad en la que se agudizaron los enfrentamientos entre los grupos criminales y las autodefensas, pero una más de las 13 entidades de la República Mexicana donde importantes zonas de su territorio están en manos de los grupos de autodefensa o los grupos criminales, fuera totalmente del control de las distintas instancias de gobierno (federal, estatal y/o municipal).
Y si los números que se quieren tomar son los de la incidencia delictiva, tampoco cambia mucho el panorama, pues como comenté en este mismo espacio en octubre del año pasado "…en una tercera parte (32.4% para ser precisos) de los hogares mexicanos hay al menos una víctima de algún delito…".
La creación de una comisión bajo el mando de la Secretaría de Gobernación y la virtual desaparición de poderes de la entidad es simplemente una nueva expresión de la misma estrategia de combate a la inseguridad, que seguramente empezará a replicarse en otras entidades, pero es imposible de generalizar y difícilmente conseguirá mejores resultados.
