No hay duda que el Gobierno federal las ha tenido todas consigo en cuanto a su actuar en materia de seguridad, y más que eso, su éxito está en el impacto que está generando en la opinión pública.
Primero, fue la decisión de actuar de forma contundente en Michoacán, estado el cual estaba totalmente en manos del hampa. El grupo delictivo autodenominado Los Caballeros Templarios, gobernaba en paralelo con las autoridades formales. Las fuerzas políticas michoacanas en la práctica habían perdido toda dignidad: ellos administraban los impuestos legales y los recursos que de ahí se emanan y sencillamente dejaban en manos de la delincuencia organizada el monopolio real de la fuerza. Así los políticos faltaban a su más elemental función: otorgar seguridad física y patrimonial a los gobernados, que al cabo ellos seguían subsistiendo y medrando con el presupuesto. En tanto, los Templarios secuestraban, extorsionaban, cobraban derecho de piso y por supuesto, traficaban estupefacientes sin temor ni freno alguno.
Empeoraba la situación michoacana; el haber sido gobernada dos sexenios por un partido diferente al que ocupaba la silla presidencial. Lázaro Cárdenas Batel -sí, el mismísimo nieto del Tata Lázaro, el General- y Leonel Godoy fueron los anteriores gobernadores inmediatos, ambos del Partido de la Revolución Democrática cuando la Presidencia de la República estaba en manos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Estas circunstancias de suyo en la práctica dificultaban el entendimiento entre políticos que se encuentran en los extremos del espectro ideológico. Hay que sumar a ello que el gobierno de Godoy fue irresponsable en su gasto y dejó sumido al bello estado en una precaria situación financiera -algo así como en Coahuila-; y para complicarla más, la torpe estrategia que Calderón tomó para el combate al crimen organizado, comenzó justamente en la tierra michoacana, con el resultado que todos conocemos: una guerra sin pies ni cabeza que arrojó más de cien mil muertos en el sexenio del panista.
Faltaría una circunstancia más para empeorar el escenario. El PRI recuperó el Gobierno estatal en la persona de Fausto Vallejo, personaje de reconocida trayectoria, pero que por desgracia, una enfermedad no revelada con claridad lo tiene totalmente disminuido físicamente, que profundizó todavía más el vacío de poder formal.
Todo esto precipitó el surgimiento de los ahora famosos grupos de Autodefensas, que no son otra cosa que ciudadanos medianamente organizados que decidieron enfrentar por su propia mano a los criminales. El problema es que el proceder de las Autodefensas, estaba y está a todas luces fuera del círculo de la legalidad, ya que fue mediante el uso de armas de fuego como decidieron enfrentar a los Caballeros Templarios, además de ocupar públicamente la facultad más importante del Estado: el monopolio de la fuerza.
Las Autodefensas usurparon la función de la Policía, pero además violaban flagrantemente la Ley de Armas y Explosivos, esa que citaban antes los retenes militares para revisar al civil común.
¿Qué fue lo que hizo el Gobierno federal de Peña Nieto?, pues en realidad recurrir a toda la escuela priista: nulificar en la práctica los poderes locales y designar a un supercomisionado en el que se concentrara todo el poder del Estado, sin importar el orden constitucional. Alfredo Castillo, alfil de confianza del mismísimo presidente de la república, hoy es quien gobierna Michoacán en su carácter de Comisionado.
Al final haya sido como haya sido, Michoacán parece volver a la calma, y eso sin duda en lo general es lo que se agradece como pueblo, más allá del poco respeto a la ley del Gobierno federal, que debió haber desaparecido los poderes del estado y luego proceder, pero eso es otra historia.
Sucedió entonces la aprehensión del narco más buscando de todos: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. En una estupenda acción, la Marina mexicana le echó el guante a esta celebridad del crimen, que llevaba más de 13 años prófugo y que se había convertido hasta en estrella de los millonarios de Forbes.
Mucho se ha comentado y se puede abundar al respecto, pero no se puede escatimar un ápice la eficacia del Gobierno mexicano al capturar al más grande capo; por ello es que el Gobierno de Peña está en este momento por los cielos, recuperándose incluso de la pérdida de popularidad que ha sufrido, amén del pobre desempeño de la economía mexicana.
El problema de todo ello es que a La Laguna nadie le hace caso a nivel federal. Así como se está resolviendo el complejo tema de Michoacán y el haber tenido capacidad de poner tras las rejas al más poderoso narcotraficante del mundo, aquí se sigue esperando que la federación tenga en algún momento la voluntad de componer el escenario.
Esta semana se ha dado a conocer que ciertamente los índices delincuenciales están disminuyendo, pero todavía la zona metropolitana es la cuarta más insegura. Además, el tema de la megadeuda ilegal continúa impune.
Qué bueno por México que Michoacán está siendo atendido. De igual forma que el "Chapo" Guzmán esté ya en prisión, pero en La Laguna de Durango y Coahuila persiste la necesidad de que la federación meta en verdad la mano acá, porque difícilmente de otra forma se podrá componer el daño que aquí se ha causado en los últimos ocho años.