Tensión. Militares palestinos protestaron mediante una rueda de prensa por los bombardeos que realizó Israel en Cisjordania.
Líderes del movimiento islamista Hamás en Gaza buscan la formación de un comité especial integrado por el grupo, el partido nacionalista Al Fatah y otras facciones, que llene lo que consideran un vacío político y se encargue de gestionar la Franja durante el período de Gobierno transitorio.
Una propuesta que, de momento, sólo ha recibido críticas de los grupos afectados, que acusan al movimiento islamista de socavar la reconciliación y tratar de eludir sus compromisos.
Ghazi Hamad, viceministro en el departamento de Asuntos Exteriores del extinto Gobierno de Hamás, criticó hoy con dureza al Ejecutivo de reconciliación nacional formado el 2 de junio, al asegurar que gestiona "como si Gaza no existiese".
"Esta política ha colocado a Gaza en una situación crítica, ha creado un profundo vacío y amenaza la reconciliación nacional", afirmó durante una rueda de prensa.
Hamad expresaba así la queja repetida de los políticos y habitantes de Gaza, que critican que ni el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ni el primer ministro, Rami Handala, hayan pisado la Franja desde que el Gobierno jurara su cargo.
Su formación fue posible después de que Hamás y Al Fatah sellaran el pasado 23 de abril un acuerdo de reconciliación, tras siete años de división en los que el movimiento islamista ha controlado la depauperada Gaza.
La gestión comenzó, sin embargo, con la crisis de los salarios, que ha colocado la Franja al borde de la rebelión.
Nada más formarse el gabinete, Hamás decidió dejar de pagar a los cerca de 75.000 funcionarios que reclutó cuando expulsó a Al Fatah del poder en 2007 y aseguró que su salario era ahora responsabilidad del Gobierno de unidad.
Los cerca de 50.000 funcionarios de Al Fatah en Gaza sí recibieron su dinero a principios de junio, como hacen desde hace siete años, aunque no trabajan, pero no pudieron cobrarlos durante siete días porque Hamás cerró bancos y cajeros.
La semana pasada, los funcionarios del movimiento islamista se pusieron en huelga y amenazaron con medidas más duras si su problema no se soluciona en breve.
El Gobierno de unidad ha prometido cumplir, pero ha pedido tiempo para repasar los salarios.
Además, la cuestión se ha complicado debido a que el dinero prometido por Catar para el pago no ha llegado.
