Una democracia sin transparencia es inconcebible. La transparencia sin rendición de cuentas es insuficiente. La rendición de cuentas sin castigos es una simulación. No basta con saber si un gobierno incurrió de forma deliberada o no en un ejercicio indebido de los recursos públicos. Es necesario que se actúe en contra de los responsables para que la impunidad no se convierta en aliciente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa a detalle el ejercicio de los recursos del presupuesto federal de las instancias del gobierno de la República y los gobiernos estatales. En caso de detectar inconsistencias, realiza observaciones que deben ser aclaradas por las entidades señaladas. En caso de que la aclaración no llegue o sea insatisfactoria, la Auditoría promueve sanciones contra los funcionarios infractores para que sean aplicadas por los gobiernos en cuestión. Sin embargo, nueve de cada diez casos quedan impunes.
De acuerdo con un reporte de la ASF, disponible en www.asf.gob.mx, derivado de la revisión de las cuentas públicas de 2008 a 2011 se turnaron 750 expedientes a las contralorías estatales para que se aplicaran sanciones, pero en la mayoría, 678, los órganos de control de las entidades determinaron que no había castigo que aplicar.
Puede ser que en algunos casos los argumentos presentados por las entidades sean razonables. Pero esa no es la cuestión. El problema de fondo radica en que las secretarías de fiscalización y rendición de cuentas o de la función pública, dependen del gobierno al cual se supone deben regular y sancionar. Los encargados de esas áreas son empleados del gobernador y compañeros de los demás integrantes de su gabinete. Es decir, es al mismo gobierno estatal al que se le está pidiendo que se castigue.
Una vez a que una autoridad estatal determina que no hay razón para sancionar al encargado de una dependencia que incurrió en una falta, se acabó el proceso. Ahora bien, esto es en lo que concierne sólo a los casos con “resolución definitiva”, ya que hay otros tantos que siguen en proceso o de los cuales aún se desconoce su resultado.
Para que la rendición de cuentas funcione y las sanciones se apliquen, es necesario que los organismos de control sean autónomos del poder ejecutivo. De lo contrario, seguiremos viviendo en una República de simulación.