Gobernar no es hacer favores, sino cumplir responsabilidades. En la república del clientelismo la democracia es una mera argucia para que grupos de personas acostumbradas a vivir del erario consigan la legitimidad para seguir concentrando en sus manos la toma de decisiones de la vida pública de las ciudades y los estados. El ciudadano de a pie, mientras tanto, permanece lejos, atribulado por su cotidianidad, indiferente a veces a los abusos del poder, en ocasiones indignado pero inmóvil. La alternancia, tan anhelada durante tanto tiempo, no ha modificado el estatus, sólo ha democratizado la rapiña entre los partidos con acceso al poder.
En un régimen así, no resulta extraño -por el contrario, es lo común- encontrar a personajes que realizan declaraciones en total contrasentido a lo que se concibe como una república democrática. Personajes para quienes cumplir un mandato legal, por mínimo que sea, es una graciosa concesión a la ciudadanía. O que piensan que por atender una obligación de su cargo hacen un favor al pueblo que dicen representar. O, peor aún, que haciendo un mal, dicen que nos hacen un bien. El cinismo político moderno es hijo de una transparencia inacabada y sin rendición de cuentas efectiva. Dicen y hacen lo que quieren porque pueden. Así de simple.
Acostumbrados a la zalamería y la lisonja de sus allegados y clientelas, quienes gobiernan nuestros estados y ciudades se muestran fácilmente intolerantes a la crítica y al señalamiento. Y en esta vía, el descaro engendra lo absurdo: políticos que se victimizan porque hay quien tiene la osadía de no reconocer sus "logros" y sus "méritos". Y ya en el colmo de la desfachatez, esperan el agradecimiento. El que critica no sabe. El que no está de acuerdo con lo que hacen es un pesimista. El que señala, algún turbio interés persigue. En su república de caudillos sólo cabe la porra y el aplauso. Y, entonces, quien no está con ellos, está en su contra. Política de blanco y negro. Miopía política que deja de lado la amplia gama de grises que abarca una sociedad.
Por eso, no es de asombrar que, por ejemplo, en el proceso electoral en curso para renovar el Congreso de Coahuila haya candidatos que, cuando fueron diputados por primera vez, aprobaron la legalización de la deuda de 35 mil millones de pesos que el gobierno del hermano del gobernador actual contrató con documentos apócrifos y decretos falsos. Otros integrantes de esa legislatura hoy forman parte del Congreso de la Unión o son funcionarios federales, estatales o municipales. ¿Por qué? Porque ellos y su partido creen que su decisión no causó daño alguno al estado. Al contrario. En reciente entrevista, Shamir Fernández, uno de los aspirantes, dijo que el voto a favor del reconocimiento de la deuda era necesario para darle viabilidad financiera a la entidad. A pesar de la opacidad. A pesar de la trampa. Por supuesto que, además de quienes no han podido comprobar el uso ese dinero, los acreedores agradecen esa decisión.
Tampoco les asombra que en el ayuntamiento de Torreón haya "asistentes" que ganen cuatro veces más que un bombero, o secretarias y choferes con sueldos de director que perciben siete veces más que un médico general del Hospital Municipal. Casi la mitad de las personas que aparecen en la nómina municipal son auxiliares y asistentes. ¿Qué hacen? Y frente al señalamiento de tal aberración la respuesta del alcalde Miguel Riquelme es perfectamente coherente con la visión de la clase política descrita párrafos arriba: "¿qué es lo nuevo? Yo no determiné los tabuladores salariales". Y sugiere que esta situación tiene desde hace años, pero como ahora sí hay transparencia, es posible conocerlo. Es decir, la aberración antes estaba oculta, gracias a nosotros ahora está a la luz de todos. Y a lo que sigue. Yo no tengo la culpa del desorden imperante, la tienen quienes me antecedieron, no importa que pertenezcamos al mismo grupo político que gobierna la entidad desde hace casi una década.
Uno de los regidores que hoy defiende el "séquito" de asistentes que cada uno de los integrantes del cabildo tiene, situación de la que se demarcó el alcalde, perteneció a la pasada administración. Miguel Mery fue secretario del Ayuntamiento de Eduardo Olmos más de tres años. Hoy es una de las piezas clave del gobierno riquelmista en el Cabildo. Y así, otros funcionarios del ayuntamiento anterior siguen hoy sentados en las sillas de directores. Áreas tan cuestionadas, incluso por el propio presidente municipal, como alumbrado y servicios públicos, mantienen prácticamente la misma estructura. Es decir, quienes fallaron en el pasado obtienen su premio en el presente. Y ese premio es la permanencia. Una vez más: ¿por qué lo hacen? Porque pueden.
En Gómez Palacio, el alcalde José Miguel Campillo culpa a los ciudadanos de que no haya agua en los hogares. Antes él fue gerente del sistema de aguas. En Lerdo, municipio menos poblado del área conurbada de La Laguna, los integrantes del Cabildo tienen el salario más alto de los ediles en la región. La obra vial más cara del sexenio de Enrique Martínez en Torreón fue derribada porque estaba mal construida y no hay ni un responsable castigado. Los sistemas municipales de agua, con todo y que son monopolios, operan en números rojos y enfrentan serias crisis que ponen en duda su viabilidad. Y así podríamos ocupar planas enteras citando casos que ocurren en esta república del absurdo en donde gobernar es todo, menos cumplir una responsabilidad.
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