La cuestión de la seguridad del ser humano es primordial en todo el mundo. Las razones de la violencia y las violaciones a los derechos humanos que conocemos en México están más bien arraigadas en miserias mentales y materiales al lado de la corrupción producto del imperio del dinero. Peor aún la incompetencia gubernamental que, por cierto, es general.
En los dos años de la actual administración la titánica labor que recae en el Presidente de la República se ha agigantado en comparación con la que retó a su antecesor, Felipe Calderón, por el simple hecho de la acumulación de colusiones con los criminales aunada a la crasa ineficacia de los medios con que cuenta la autoridad.
El presidente tiene fe en que los dramáticos acontecimientos recientes y las reflexiones que todo el país ha hecho sobre ellos, marcaron un "punto de inflexión". Sintonizando este momento en su mensaje a la nación del jueves 25, Enrique Peña Nieto ha sentado su tesis en que no es posible que el país siga tolerando el crimen ilimitado y la falta de seguridad en todos los órdenes. Con este propósito delineó un programa de diez puntos para anunciar medidas que se propone impulsar para acabar con la violencia que nos asuela. Su decálogo de acción contiene varias acciones que tendrán que presentarse y aprobarse en el Congreso por lo que su puesta en marcha no es inmediata.
En efecto, el Presidente ofrece al pueblo de México un paquete de medidas, con sus reformas constitucionales, a fin de impedir la infiltración en municipios del crimen organizado, definir las competencias de organismos del gobierno en el derecho penal, la creación obligatoria de policías estatales, de un teléfono único, el 911, de emergencia, la creación de una cédula de identidad, la creación de un Tribunal con sus reglas para fortalecer los derechos humanos, además de la creación de un Consejo Consultivo para la reforma de leyes sobre derechos humanos.
La prioridad que ocupan los derechos humanos, que han de ser protegidos en todo momento, implicaría el reacondicionamiento de instituciones federales, estatales y municipales. El Presidente reconoce así que la depuración del país tiene que fincarse desde las bases institucionales y ciudadanas y no como decisiones unilaterales tomadas en los niveles superiores de la estructura social.
Para que todo lo anterior pueda funcionar los valores éticos y cívicos tienen que jugar un papel preponderante dentro del discurso oficial. Hay que curar los daños que el liberalismo positivista del Siglo XIX y después el laicismo llevado a extremos produjeron en la visión del ciudadano con respecto al sentido de su misma existencia. Hoy en día parecería que es mayoría el número de mexicanos que desprecian el papel de las enseñanzas de moral y de civismo diciendo que no tienen cabida en el comportamiento ni personal ni de las instituciones públicas ni privadas. La lucha contra la violencia y la injusticia ha de librarse exclusivamente desde la plataforma legal sin necesidad de penetrar en el fondo anímico del problema.
De igual manera, los proyectos que se preparan en el gobierno para contener la corrupción omnipresente que percude prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, no serán sino una capa más a la ya hinchada de la montaña de leyes y circulares existentes fútilmente diseñados para detener solo algunas facetas de la corrupción que está firmemente anclada como nuestro modus vivendi.
Los tiempos no estarán para más leyes y reglamentos que de nada sirven si no cambia desde lo más profundo la mentalidad del ciudadano donde quiera que actúe. El "punto de inflexión" que el presidente cree detectar dentro del maremágnum de situaciones que él mismo evoca podría significar un cambio en su propia evaluación de la trascendencia de su sexenio dentro del proceso histórico del que formará parte.
"El gobierno de la República ", añadió en su mensaje del jueves, "está trabajando para conducir a la nación por un sendero de mayor progreso, bienestar y desarrollo". Esta frase no tiene sentido alguno si no brota de una visión humanista, sinceramente entregada a dignificar la vida de todos. Lo cual resulta risible en el contexto de los hechos atribuibles al Presidente y su gobierno que todos hemos conocido y reflexionado últimamente.
juliofelipefaesler@yahoo.com
