Seguro de salud. Republicanos meten a la Corte otra apelación al programa de seguridad social del gobierno de Barack Obama.
La Corte Suprema aceptó ayer viernes pronunciarse sobre una nueva apelación presentada contra la ley de salud del presidente Barack Obama, un caso que amenaza los subsidios que permiten a millones de personas de ingresos bajos y medios pagar las primas de los seguros médicos.
Los magistrados dijeron que revisarán el fallo de una corte federal de apelaciones que ratificó los requisitos del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) para conceder créditos fiscales a los consumidores en los 50 estados a fin de que puedan contratar seguros de salud, de acuerdo con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Los oponentes a la ley consideran inconstitucionales la mayoría de los subsidios.
Por segunda vez, la Corte Suprema tendrá que pronunciarse sobre una apelación que se inscribe en la campaña política y jurídica de largo plazo tendente a derogar o restringir la reforma de salud de 2010. En 2012, los magistrados ratificaron la parte toral de la ley por mayoría de 5-4 con el voto decisivo del presidente de la corte, John Roberts.
La presentación de los argumentos del caso posiblemente tenga lugar la primera semana de marzo y la emisión del fallo podría ocurrir a finales de junio.
El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el gobierno hará una vigorosa defensa de la ley ante la Suprema Corte.
"Esta demanda refleja simplemente otro intento de un partido para socavar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible y despojar a millones de familias estadounidenses de los créditos fiscales que les aportó el Congreso", afirmó Earnest. En la apelación aceptada ayer viernes, los oponentes a los subsidios arguyen que la corte debería resolver pronto este punto porque implica miles de millones de dólares de las arcas públicas. "Es innegable la necesidad de una solución rápida y definitiva a este asunto. La norma de 'subsidios para todos' afecta a casi todas las personas del país, a tenedores de las pólizas de seguro, trabajadores y empleados, y a los gobiernos", declaró Sam Kazman, director jurídico del grupo Competitive Enterprise Institute, que costea las apelaciones a la ley de salud.
