La integración del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) ha tenido un mal proceso de parto. Cuando se publique este artículo es probable que ya habrá sido extraído con fórceps del seno de la Cámara de Diputados. La causa de las complicaciones es el jaloneo por las cuotas de consejeros que reclama cada partido, en el que al parecer entre el PRI y el PRD arrollaron al PAN.
Son malas noticias para la democracia mexicana porque el excesivo manoseo de los partidos en la asignación de los asientos en ese órgano arbitral atenta contra su imparcialidad que es el fundamento de dicha institución, y hace nugatoria la Reforma Política todavía sin concluir.
La independencia y autonomía de la autoridad electoral fue uno de los avances más significativos en el largo proceso de transición democrática, cuando se logró en la Reforma Electoral de 1996. Fue una clara señal de que el país ya estaba más cerca de tener elecciones verdaderamente libres. Todo lo que atente contra esos elementos esenciales del INE son necesariamente regresivos y antidemocráticos, así se presenten como acuerdos consensuados.
Se argumenta que el hecho de que los diputados designen a los consejeros del INE no implica un sometimiento a los partidos. Esa afirmación sería cierta si no se hubiera incurrido, una vez más, en el nefasto reparto de cuotas de partido en las quintetas de personas propuestas para cubrir los períodos de 3, 6 y 9 años en el encargo. No se objeta que los partidos intervengan de manera indirecta; la Constitución otorga esa facultad a los diputados y las bancadas siguen líneas partidarias. El daño está, repito, en la cuotización, cuando así se procede la designación toma otro sentido, porque adquiere la connotación de ser una persona seleccionada por los partidos para ser sus legados, defensores y gestores de sus intereses y esa, definitivamente, es la perversión de su misión; para eso los partidos ya cuentan con representantes en el órgano. Colocados de esa manera la imparcialidad no será uno de sus atributos y, consecuentemente, todo en el Consejo General pasará a ser un juego de equilibrios y alianzas entre las piezas con las que cada partido cuente. Como están las cosas ahora en la política mexicana, podemos imaginar que el Gobierno recobrará el control de la institución entrando por la puerta trasera y regresaremos, en los hechos, a los tiempos de la arcaica Comisión Federal Electoral que presidía el Secretario de Gobernación en turno.
Renovar al IFE se convirtió en una necesidad luego del desprestigio en el que cayó en los últimos años. Perdió la estatura política y el respeto del que gozó en sus primeros años. La principal causa de su decadencia fueron precisamente las cuotas del diablo. Los consejeros de partido se volvieron ciegos, sordos y mudos ante evidentes violaciones a las leyes electorales y a las reglas de equidad electoral. Verdaderas obras de malabarismo se ejecutaron para exculpar o ni siquiera investigar los derroches insultantes de dinero en las campañas electorales. ¿Podemos esperar que esto cambie si los flamantes consejeros del INE vuelven a ser producto de las cuotas de partido? Hay una manera diferente de proceder. Ya una vez se hizo. No es una utopía postrera de los místicos del voto . Lo hicieron en 1996 el PRI, el PAN el PRD y el gobierno juntos: buscaron a los mejores, los seleccionados tenían, sí, un cierto color ideológico, pero no surgieron de un reparto de cuotas. En su función fueron imparciales, tuvieron autoridad moral y sancionaron severamente a todos, incluidos sus amigos. Lo cual honró a los nombrados y a los partidos que los designaron.
@LF_BravoMena
Expresidente nacional del PAN
