Los casos de presuntos narcotraficantes y funcionarios mexicanos acusados de corrupción de México que buscan un refugio seguro en el sur de Texas, podrían dejar una ganancia inesperada al gobierno de Estado Unidos por 70 millones de dólares (1,015 millones de pesos) en bienes incautados, según un reportaje del periodista Jason Buch del diario San Antonio Express News.
En los procesos civiles y penales presentados desde 2010, las autoridades federales de aquel país han buscado apoderarse de bienes inmuebles, cuentas bancarias, automóviles, aviones e incluso un contrato para compartir los derechos de un guión de cine que aseguran están vinculados al lavado de dinero. Los fiscales están tratando de apoderarse de más de 40 millones de dólares sólo en bienes raíces.
Pero hasta ahora, los fiscales han conseguido sólo una fracción de ese monto y muchos de los acusados niegan los delitos que se les imputan y vinculan sus bienes en litigio.
Entre los casos destaca el del extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, quien ha acordado entregar casi 9 millones de dólares en cuentas bancarias a los fiscales federales y del condado de Bexar.
Las autoridades federales también han aprovechado las propiedades de los empresarios acusados de trabajar para narcotraficantes mexicanos o políticos corruptos, lavando o transportando dinero.
"San Antonio ha sido siempre un centro de inversión para los lavadores de dinero mexicanos", dijo Javier Peña, exagente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Houston. "Los traficantes piensan que es seguro. Ellos piensan que pueden salirse con la suya".
Mientras que los hombres de dinero encuentran nuevas formas para lavar sus fondos y las autoridades federales de Estados Unidos encuentran nuevas maneras de perseguirlos.
En la década de 1980, los grupos de trabajo encargados de hacer cumplir la ley en la lucha contra la delincuencia organizada en Nueva York y Miami comenzaron a tomar ventaja de las leyes de confiscación de activos existentes, explicó Ed Rodríguez, exagente de Hacienda (IRS, por sus siglas en inglés). Esto les permitió apoderarse de dinero y otros bienes sin presentar cargos criminales.
Desde entonces, la táctica se ha extendido por todo el país, porque las agencias de aplicación de la ley a nivel local, estatal y federal que colaboran tienen la oportunidad de compartir los bienes.
En los últimos años, los delincuentes descubrieron que no podían mantener con seguridad el dinero sucio en cuentas bancarias en San Antonio; así que comenzaron a invertir en negocios y propiedades para ocultar su origen, dijo Peña, exdirector regional de la DEA.
Para los delincuentes y funcionarios corruptos es más seguro invertir en Estados Unidos que hacerlo en países inestables donde las monedas fluctúan y gobernantes inestables podrían ir tras el dinero sin ninguna prueba.
"A la gente le gusta utilizar Estados Unidos para colocar sus fondos, porque es más seguro, y es más fácil de conseguir dinero aquí de lo que es en cualquier otro lugar", dijo Jim Dowling, exasesor antilavado de la Oficina de la Política sobre Narcóticos de la Casa Blanca. "Una vez que llegue aquí, puede enviarse a cualquier parte del mundo."
En un proceso de tres etapas, los lavadores mueven su dinero sucio a los Estados Unidos, llevan a cabo una serie de operaciones para distanciar los fondos de su origen ilegal, y, finalmente, invierten en un activo -como bienes raíces- que da el dinero una apariencia de legitimidad .
Junto con el uso de confiscación civil para embargar los bienes, los fiscales se basan en otras tácticas para evitar la adopción de casos de lavado de dinero difíciles de probar en juicio.
Muchos de los acusados de lavado de dinero también han sido acusados de fraude electrónico, otro cargo más fácilmente demostrable. El reportaje menciona los casos de presuntos delincuentes y exfuncionarios de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes y Jalisco.
Sobre Coahuila, explica que es la fuente de la mayor parte de la riqueza lavada en San Antonio, según numerosos casos federales. Ese dinero sucio fluyó desde los más de 40,000 mdp (3,000 mdd) en deuda pública acumulada entre 2005 y 2011, según los fiscales. Más de 20 millones de dólares (280 mdp) en propiedades que están siendo incautadas en San Antonio es de empresarios de Coahuila, exfuncionarios estatales y de sus familiares.
Los fiscales alegan que el exgobernador interino Jorge Juan Torres López y el extesorero Héctor Javier Villarreal Hernández sustrajeron de las arcas estatales decenas de millones de dólares.
Torres transfirió dinero sucio a través de cuentas bancarias en Texas a las Bermudas, de acuerdo con documentos de la corte. Villarreal, que se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero y transporte de dinero robado en septiembre, compró decenas de millones de dólares en propiedades mediante sobornos pagados por empresarios corruptos y el cártel de los Zetas a cambio de contratos estatales. (Con información del San Antonio Express-News)
