Dos son las principales razones por las que el gobierno federal tiene prisa por lanzar las primeras licitaciones para asignar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos: la posibilidad real de que se concrete la consulta popular sobre la reforma energética y la necesidad de acelerar, cuanto antes, el crecimiento del Producto Interno Bruto.
La urgencia del Gobierno se evidenció desde que se anunció que las rondas cero y uno se adelantaban, pero la magnitud de su urgencia se puede ubicar mejor cuando se comparan los tiempos con lo que sucedió en Brasil y Colombia, tras sus respectivas reformas energéticas.
El periódico Reforma, en su edición del pasado sábado 16 de agosto indica en una nota de Alejandra López, que Brasil lanzó su primera ronda de licitaciones dos años después de que concluyó el proceso legislativo y únicamente incluyó 27 bloques petroleros, de los cuales únicamente pudo adjudicar 12; Colombia, por su parte, tardó 4 años y concursó 13 bloques petroleros. México, de acuerdo a la información que han proporcionado las autoridades tardará menos de seis meses, pues pretenden lanzar las primeras convocatorias en enero del 2015, e incluirá 169 bloques petroleros. Para ponerlo en perspectiva las primeras licitaciones se harán en una cuarta parte del tiempo de Brasil y una octava, de Colombia; y en cuanto al número de bloques petroleros, éstos serán seis veces más que brasileños y 13 veces que los colombianos.
Hay que señalar, sin embargo, que aunque el número de bloques es mucho mayor, la superficie es menor, pues México está ofreciendo 28 mil 500 kilómetros cuadrados, contra 38,240, de Colombia y 132,178, de Brasil. Por otra parte, también se diferencia en que estos territorios ya fueron evaluados por Pemex, lo cual hace que ya exista información geológica al respecto. En síntesis, es un mayor número de bloques pero cada bloque es de menores dimensiones y ya existe información respecto a cada uno de ellos, todavía falta por ver los impactos que estas características tendrán sobre estos procedimientos e, inclusive, una vez asignados los bloques petroleros.
Lo cierto es que lanzar tan alto número de campos en un primer paquete de licitaciones, que según la primera información se hará entre enero y septiembre del próximo año, no permite capitalizar las experiencias de las mismas, que sería lo prudente y recomendable, es decir, la lógica indica que es preferible incursionar en estos procesos con pocos bloques para ubicar las respuestas y los resultados y, en función de esa primera experiencia, hacer los ajustes correspondientes en los siguientes concursos, en los cuales ya se puede incrementar el número, pues los riesgos serán menores en la medida en que se tiene mayor dominio de los procedimientos.
Sin embargo, el Gobierno mexicano evidentemente decidió acelerar el paso porque no encuentra la fórmula para convencer a la ciudadanía de las bondades de estas medidas y, menos todavía, para impulsar el crecimiento del PIB.
Hasta hoy todo indica que los promotores de la consulta popular respecto a la reforma energética lograrán reunir el número de firmas necesarias para demandarla y el Gobierno sabe que, de concretarse la misma, las probabilidades de que la mayoría de la ciudadanía rechace las reformas constitucional y legislativa son altas. En este mismo espacio comenté, en la primera semana de este mes, los resultados de las encuestas de opinión pública donde las dos terceras partes de los entrevistados consideraban como positivo el que hubiese una consulta popular al respecto y los que valoraban como mala la reforma superaban con seis puntos porcentuales a los que la consideraban como positiva; los resultados todavía eran más desfavorables cuando la pregunta específica era en torno al impacto en los precios de las gasolinas y gas.
Aunque el Gobierno pretende adelantarse a la misma, para poder hablar de hechos consumados e intentar defenderla en esos términos, lo cierto es que la decisión de si habrá o no consulta, será previa al lanzamiento de las primeras licitaciones y, la sola existencia de la consulta, puede tener un impacto determinante en las primeras licitaciones, pues seguramente pondrá muy nerviosos a los eventuales participantes.
En cuanto al segundo factor, todos los intentos del gobierno federal por detonar el crecimiento económico han fracasado y las últimas manifestaciones de esto son el ajuste del pronóstico de crecimiento del Banco de México y la baja en el Índice de Confianza del Consumidor, que fueron dados a conocer en los últimos 15 días.
Desde antes del inicio del presente sexenio, fue evidente que las principales cartas del gobierno de Peña Nieto para detonar el crecimiento económico eran las reformas energética y en telecomunicaciones y, aunque ya es imposible que siquiera se concreten las primeras inversiones antes de las elecciones del próximo año, quiere al menos generar expectativas favorables al concluir las primeras licitaciones antes del primer domingo de junio del próximo año.
Nuevamente prevalece la idea de que el mejor detonador del crecimiento son las expectativas optimistas, aunque se carezca de resultados e impactos concretos y tangibles. Ante la incapacidad para solucionar las deficiencias estructurales que limitan el buen desarrollo de la economía nacional, siguen apostando -como fue muy evidente durante el primer año de gobierno cuando se habló del Memo (Mexican Momentum)- a las relaciones públicas y la propaganda gubernamental. Lamentablemente, ante los fracasos anteriores, las posibilidades de éxito de esta estrategia disminuyen, pues los inversionistas demandan hechos concretos y pruebas tangibles, lo que todavía no puede mostrarse.
