El jueves pasado el presidente Enrique Peña Nieto anunció lo que ya empieza a conocerse como "la reforma del Estado de derecho". Se trata de una serie de medidas improvisadas, imprecisas y deshilvanadas, pero cuya orientación general ya revela, aun así, tres rasgos harto problemáticos. El primero es una obstinada fe en el acto de promulgar normas como método de ejercer el poder. El segundo es una excesiva confianza en la capacidad de la federación para solucionar los problemas que enfrentan las autoridades locales. Y el tercero es una indolente insistencia en políticas que ya estaban en marcha, pero que no se han distinguido precisamente por su efectividad.
Me refiero, en concreto, a la iniciativa de "Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales" que permitiría a la federación hacerse del control de los ayuntamientos, o incluso desaparecerlos, "cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia". A la propuesta de cambios constitucionales para redistribuir competencias en materia penal "tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno". Y a la realización de un "operativo especial" en la región de Tierra Caliente; al incremento de la presencia de fuerzas federales en municipios de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas; y a la "creación obligatoria" de 32 Policías Estatales Únicas que suplan a las más de 1,800 policías municipales.
Legislar, centralizar, reiterar: esa es la lógica del expediente por el que Peña Nieto parece haber optado. Crear una nueva ley para evitar que se violen las leyes que ya existen. Concentrar facultades en el gobierno federal para remediar la fragilidad de los gobiernos municipales. Insistir en la fórmula de los operativos conjuntos y los recambios policiales que desembocó en los resultados que ahora nos tienen… insistiendo otra vez en los operativos conjuntos y los recambios policiales.
Como si con redactar más leyes se resolviera la ilegalidad. Como si darle poderes adicionales a una burocracia distante y ajena ayudara a tener comunidades más seguras. Como si las soluciones de emergencia contribuyeran a crear normalidad.
Y es que no. Legislar no es gobernar. Centralizar competencias no es lo mismo que fortalecer capacidades institucionales. Y reiterar una política disfuncional y hasta contraproducente no demuestra fuerza ni determinación.
La ruta trazada por el presidente, como bien recordaba ayer Miguel B. Treviño (http://bit.ly/1rPQkUC), va en sentido contrario a lo que han sido las experiencias más innovadoras y exitosas en materia de reducción o prevención de la violencia en México: Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro, Puebla. Experiencias que supieron reconocer la especificidad particular de cada lugar, poner el énfasis en el vínculo entre ciudadanos y gobiernos municipales, concebir lo local no como un obstáculo recalcitrante que hay que derrotar para imponer la seguridad desde arriba sino como un ámbito democrático a partir del cual la seguridad se va edificando desde abajo.
Lo que presentó Peña Nieto no es una estrategia para encarar el desafío del presente, un relanzamiento de su presidencia en función de un ejercicio de humildad, honestidad o autocrítica. Es, más bien, una lista de lavandería para tratar de salir al paso de la coyuntura, una decepcionante confesión de que ante la legitimidad de los reclamos multitudinarios de las últimas semanas, no tiene ninguna respuesta que ofrecer. Habla mucho pero no dice nada. No entiende, no sabe, no contesta.
@carlosbravoreg
