Los delitos específicos de que está acusado López son los de daños, incendio, asociación e instigación para delinquir. (Archivo)
El líder opositor venezolano Leopoldo López enfrentará un juicio y seguirá en prisión, determinó la madrugada de este jueves la jueza Adriana López que lleva su caso.
El fundador de Voluntad Popular se encuentra acusado de presunta planificación de los acontecimientos del pasado 12 de febrero, los cuales habrían tenido la intención de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
La determinación judicial se dio a conocer hacia las 3:00 horas (7:30 GMT) de este jueves, en el fin de la audiencia preliminar que había comenzado el lunes y terminó la tarde la víspera, recordaron medios locales.
Los delitos específicos de que está acusado López son los de daños, incendio, asociación e instigación para delinquir.
En este marco, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) señaló en Ginebra (Suiza) que el sistema judicial de Venezuela enfrenta deficiencias que socavan el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en ese país. Citó entre esas deficiencias interferencias, intimidaciones, suspensiones arbitrarias y otras presiones, las que han menoscabado la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales venezolanos.
La CIJ presentó este jueves en conferencia de prensa en esta ciudad el informe “Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela”, que señala también la incapacidad de los abogados para defender con efectividad e independencia los derechos de la población.
“La situación en Venezuela subraya la necesidad de contar con reformas y demuestra con exactitud por qué es necesario contar, ahora más que nunca, con un sistema de judicial robusto e independiente”, dijo Wilder Tayler, secretario general de la CIJ. El informe señala cómo la mayoría de los jueces ha sido nombrada de manera provisional sin garantía de titularidad en su cargo, lo que los hace vulnerables a interferencias constantes y en ocasiones a represalias por los poderes ejecutivo, legislativo y otros sectores. Hoy en día, a catorce años de la adopción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 70 por ciento de jueces cuentan con nombramientos de carácter provisional o temporal, ejemplificó. Esa situación carece de fundamento en la Constitución o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, observó la CIJ. Cita el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, perseguida por haber cumplidos sus funciones de manera independiente, como un caso emblemático del deterioro del sistema judicial.
El informe señala además que la autonomía e imparcialidad de los fiscales también se encuentran seriamente afectadas por la interferencia indebida del Fiscal General y otros actores políticos en Venezuela. La falta de estabilidad y transparencia en la selección de fiscales, además de la falta de criterio técnico en la asignación de investigaciones criminales a los fiscales, limita la posibilidad o la voluntad de los fiscales de llevar a los autores de los delitos ante la justicia, de manera efectiva y equitativa. Se genera así un clima de inseguridad e impunidad que sobrepasa 90 por ciento en casos de crímenes comunes, y que es mucho más alto respecto de las violaciones de los derechos humanos. Los abogados también enfrentan numerosos dificultades en Venezuela, que incluyen amenazas a su libertad para representar a sus clientes, en particular en casos de derechos humanos o políticamente delicados, agrega. Intromisiones externas en la elección de las autoridades de los colegios de abogados ha perjudicado su capacidad para garantizar la independencia de los abogados, indica también. Además, los jueces, fiscales y abogados son sujetos a suspensiones arbitrarias ya que los organismos de supervisión judicial no cumplen los procedimientos establecidos en la ley, recalca el informe.
La CIJ recomendó la reforma del actual marco jurídico venezolano cuando no se ajuste a los estándares internacionales sobre el papel de jueces, abogados y fiscales. También el cumplimiento cabal de las leyes que sí se ajustan a los estándares internacionales, pero que en la práctica no son respetadas. En particular, subraya la necesidad de que instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General cuenten con procedimientos de selección apropiados para nombramientos permanentes de jueces y fiscales. Por último llama a que las instituciones mantengan el contrapeso institucional y actúen como garantes para evitar injerencias indebidas de los poderes del Estado en los respectivos ámbitos de competencia exclusiva de jueces o fiscales.
