La controversia generada por la promulgación de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, votada por PRI en el Congreso de Coahuila, pone el dedo en la llaga para buscar una solución a la tragedia que hemos vivido como país por décadas y que se agudizó con la guerra contra el narcotráfico: ¿qué hacemos con los desaparecidos?
No le falta razón a Gerardo Benavides Pape, presidente del Grupo Industrial Monclova, cuando afirma que entre todos hay que ayudar a la gente necesitada. También hay sensatez en las palabras del obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien asegura que los familiares de personas desaparecidas han quedado en desamparo frente a esta crisis humanitaria.
Sin embargo es necesario volver al origen, ¿quién debe brindar las condiciones de seguridad necesaria para evitar las desapariciones? La responsabilidad es del Gobierno, de hecho es su primera y fundamental tarea. Las autoridades tienen como obligación generar las condiciones de seguridad para la población.
La ley, ambigua en su redacción general, evade esa responsabilidad y es específica solamente para cargársela a los empresarios. Sector que por cierto también ha sufrido secuestros y extorsiones, ¿significa esto que en caso de ser ellos los desaparecidos habrán de autopagarse? ¿A quién le vamos a pasar la factura por las pérdidas generadas por las cuotas que cobraba a los comerciantes el crimen organizado? También se nos dice que hay que ser solidarios, pero ¿no son las tasas de impuestos diferenciales en que el que más gana más paga precisamente eso, un esquema solidario? ¿O estamos hablando de un doble impuesto? ¿Qué diría Hacienda?
Es un deber moral el ser fraternos con las familias de los desaparecidos, pero las autoridades tanto de Coahuila, como de la Federación, no pueden evadir su responsabilidad cuando la incapacidad de algunos funcionarios ha contribuido, por decir lo menos, a la violencia que vivimos.
Las imágenes donde se ve al hijo del exgobernador, Fausto Vallejo, charlando con “La Tuta” evidencia que la corrupción está en todos lados y ha permitido el avance de los grupos criminales. En ese escenario ¿los empresarios de Michoacán deben pagar indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos cuando la descomposición en ese estado no se entiende sin la complicidad de las autoridades? Esperemos en Cohuila no tener que hacer un paralelismo algún día.
Urgen crear mecanismos para apoyar a los familiares de los desaparecidos de Coahuila, y de todo México, pero no evadiendo responsabilidades porque la pregunta es ¿qué está haciendo y qué ha hecho el gobierno de Coahuila para evitar que haya más desaparecidos?
