La Ley de para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, aprobada en fecha reciente por el Congreso del Estado de Coahuila, es un monumento a la demagogia y un producto legislativo que atenta contra el marco jurídico constitucional de Estado y Federación, y siembra cizaña en la convivencia social.
Como es del conocimiento del público, la guerra desatada por la delincuencia organizada en contra de la Sociedad Mexicana y el Estado Nacional, ha generado un gran número de víctimas entre las que se encuentran personas desaparecidas y sus familias, como resultado de la violencia.
Con justa razón los afectados han acudido ante las autoridades de los niveles Estatal y Federal de gobierno en busca de apoyo, tanto para que se hagan las investigaciones necesarias para localizar a los desaparecidos y castigar a los culpables, así como para que se establezcan políticas públicas tendientes a proteger la situación jurídica y económica de los familiares, que como tales tienen la condición de víctimas debido a la vulnerabilidad y daños que resultan en su perjuicio, como consecuencia de la desaparición del familiar de que se trate.
En Coahuila los reclamos en este tema son encabezados por un grupo de familias integradas en la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), a las que el gobernador Rubén Moreira responde mediante la expedición de la Ley que es objeto de comentario a falta de resultados concretos por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado que navega a la deriva, entre la ineficiencia sistemática y acusaciones de estar sometida a los intereses del crimen organizado.
La iniciativa de Ley de para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas envida por el Gobernador al Congreso, fue apoyada por una mayoría de votos de diputados del PRI y sus partidos satélites, en tanto que los dos legisladores del PAN votaron en contra y el único diputado del Partido Social Demócrata se abstuvo de votar. Lo más anecdótico del caso, lo ofrecen los diputados del PRI Luis Moreno Aguirre y Jorge Alanís Canales, de quienes se asegura que se salieron deliberadamente de la sesión para no votar.
El rechazo a la Ley se explica, porque además de adolecer de enormes deficiencias de técnica legislativa que la contraponen a la Constitución General de la República y a las disposiciones del Código Civil de Coahuila en materia de Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte, lejos de que el Estado asuma su responsabilidad para con las víctimas y sus familiares, las transfiere a cargo de terceros entre particulares e instituciones del Gobierno Federal, lo que hace de la Ley en comento una fuente de conflictos que lejos de resolver los problemas que pretende atender, los agravará y por añadido, generará discordia entre diversos agentes de la vida social.
He aquí algunos botones de muestra: El artículo 3 de la Ley, deja en manos del Ministerio Público la calificación de las denuncias para determinar si en efecto, el caso denunciado constituye o no un acto de desaparición, lo cual es una burla para la víctima y su familia; el artículo 7 de la Ley dispone que iniciado el proceso, los periódicos de mayor circulación en el Estado deberán publicar en tres ocasiones el extracto de la resolución que determine la desaparición, sin costo para los familiares. Esta liberalidad puede significar un acto humanitario de las empresas editoriales a condición de que la acepten de manera voluntaria, puesto que el Estado no las puede obligar a realizar tales publicaciones gratis y a su propia costa.
El artículo 10 fracciones IV y V de la Ley es un canto a la demagogia, que garantiza el derecho de la familia del desaparecido a percibir los salarios que como tal deberán ser pagados por el patrón, aunque la persona desaparecida por obvia razón no trabaje, y declara la suspensión del cumplimiento de las obligaciones económicas y comerciales del desaparecido, las cuales no le podrán ser exigidas por sus acreedores mientras la desaparición subsista.
El artículo 14 de la mencionada Ley insiste en que el desaparecido estará en la situación laboral de licencia con goce de sueldo hasta que sea localizado y mantendrá su posición en el escalafón y derechos de antigüedad; los pagos con motivo del crédito de vivienda serán suspendidos y los créditos y prestaciones sociales serán ejercidos por su cónyuge, concubina o "persona que tenga una relación afectiva inmediata". El artículo 16 decreta la suspensión de las obligaciones de carácter mercantil y fiscal del desaparecido, hasta que sea localizado, y su cumplimiento no le podrá ser exigido.
Como se advierte la Ley en comento también está en conflicto con la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, la Ley del Seguro Social, del Infonavit y otras leyes que regulan el cumplimiento de las obligaciones. Si realmente el Gobernador de Coahuila considera que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a los beneficios referidos con anterioridad, lo normal en términos legales, es que el Moreirato asuma las obligaciones de las víctimas como propias, para lo cual tendría que contar con una partida de dinero específica destinada a tal propósito pero eso no es posible, porque Coahuila está en quiebra y endeudado.
En lugar de que el Estado se haga cargo de atender a las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas, Moreira transfiere al empleador y a los acreedores de las víctimas, la carga económica y social derivada de la comisión de un delito grave, que corresponde al Ministerio Público investigar y combatir, así como procurar la reparación de los daños que hayan resultado en perjuicio de los desaparecidos y de sus familiares.
Es fácil imaginar que cualquier empresario grande o pequeño, al que se le quiera obligar a substituir a un empleado que desapareció sin dejar huella y tenga que pagar por partida doble el salario y las cuotas del Seguro Social y del Infonavit correspondientes, se opondrá con uñas y dientes al absurdo que lo anterior implica.
Lejos de significar una protección para los familiares de las personas desaparecidos, le Ley Moreira se sacude a los afectados y remite sus justos reclamos para que los resuelvan otras instancias, lo que con seguridad dará lugar a una ola de conflictos de los familiares de las víctimas frente a particulares e instituciones púbicas y privadas, mientras el sistema Moreira mantiene su actitud negligente y cínica.
