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Libertad de expresión

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

El mensaje dirigido por Pedro Ferriz de Con a su auditorio, con motivo de la divulgación de eventos de su vida privada en las redes sociales y en los medios de comunicación, es congruente con el hecho de que la obtención del material y su posterior difusión, hicieron del caso un tema de la vida pública nacional.

Por razón de orden, Ferriz parte de su interior hacia afuera. Se reconoce pecador y sumergido en el misterio del mal a la manera de San Pablo, lamenta que en vez de hacer el bien que ama, hace el mal que aborrece (Romanos 17:19-25); se arrepiente, pide perdón y se reconcilia consigo mismo y con su familia, antes de dar la cara al público.

El talante religioso del mensaje resulta pertinente, porque para el protagonista la trascendencia de su conducta, es la parte esencial del problema. Pedro estima que ha dado motivo de escándalo y como tal debe repararlo, aunque ello lo exponga una vez más a los lanzadores profesionales de primeras piedras. Podremos estar o no de acuerdo con la forma de enfrentar el hecho, en lugar de reaccionar de acuerdo a otros pareceres.

Lo que como ciudadanos interesa, es que un periodista que destaca por encima del promedio, es víctima de inquisición administrativa de las ideas que transmitió a su auditorio, espionaje telefónico y extorsión. Se entiende que tanto el escrutinio sobre su vida íntima como su divulgación. son un modo de obligar al periodista a seguir determinadas pautas de comunicación, y una forma de linchamiento que intenta su muerte civil, ejecutada a través de medios de comunicación que además de ser caníbales y por ende suicidas a mediano plazo, demuestran estar sometidos y al servicio del poder público.

Es del conocimiento que en los últimos meses, Pedro Ferriz se constituyó en elemento de crítica, quizá el más duro e insistente a nivel nacional, en contra de la política del Gobierno Federal en materia económica y hacendaria.

El Gobierno Federal es responsable de represión en este caso, y si no es posible probar que algún funcionario del gabinete de Peña Nieto haya realizado en persona los hechos ilícitos respectivos, el sistema en pleno es culpable por omisión. Lo anterior porque es deber jurídico de las autoridades del Gobierno garantizar la salvaguarda y goce de los derechos humanos de todos los mexicanos, incluidos los derechos a la información y a la libre expresión de las ideas, que consagran los artículos 6 y 7 de la Constitución de la República.

En los casos de represión en contra de periodistas y comunicadores, quienes detentan el poder público en lugar de responder a las críticas y rectificar sus yerros, tienden una cortina de humo que descalifica al crítico para sentar el principio en virtud del cual, siendo los ciudadanos todos pecadores, y al tener por ende cola que les pisen, no existe sobre la faz de la tierra legitimación ni moral ni jurídica para criticar al gobierno ni para exigir el saneamiento de la política.

En el caso del linchamiento de Ferriz de Con, la violación a las garantías constitucionales y la comisión de los delitos de espionaje y extorsión constituyen un crimen de estado que atenta contra la libertad de expresión de los mexicanos y amenaza la integridad de todos los periodistas y comunicadores de este país.

Algunos consideran ventaja que Pedro se haya librado hasta ahora del destino que le deparó el sistema al periodista Manuel Buendía en los días del viejo PRI, pero es evidente que las nuevas estrategias de mordaza y aniquilación del pensamiento, pueden ser tan destructivas o más que la muerte física.

Para los detractores de Pedro Ferriz, los que disfrutan con morbo de lo ocurrido, los que hacen leña del árbol caído o los que simplemente se muestran indiferentes, es válida la advertencia según la cual, nuestra tibieza frente al atropello de los derechos fundamentales de los demás, hará que cuando llegue nuestro turno, no haya quién hable o dé la cara por nosotros.

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