Enfrentada la gestión de Luis Téllez, su presidente, a una serie de litigios, errores administrativos, problemas internos y decisiones mal calculadas, la acción de la Bolsa Mexicana de Valores como tal ha sufrido un deterioro en su cotización, al punto de alcanzar una pérdida virtual de siete mil millones de pesos.
Hace unos días, el 10 de febrero, a poco más de una semana de la reunión en que el organismo reportaría sus resultados del 2013 al Consejo de Administración, los papeles sufrieron una caída de seis pesos, para ubicarse en 24.37.
Su último movimiento se había realizado el 28 de noviembre del año pasado, con una pérdida de seis pesos 14 centavos. La cotización se ubicó en 30.05 pesos.
El número de acciones que circulan en el mercado es de 600 millones.
Detrás de los descalabros están cinco eventos relevantes reportados a los inversionistas, todos ellos relacionados con una demanda multimillonaria que planteó la cadena de tiendas Elektra contra el presidente de la instancia con perfil de monopolio bursátil privado.
La querella se planteó en julio del 2012.
La ira de la empresa mercantil apuntaba a unas declaraciones de Luis Téllez alertando sobre la salida de su acción de las emisoras que integran el Índice de Precios y Cotizaciones, es decir, la élite del mercado. Bajo la perspectiva, o si prefiere el amago, el precio de los papeles de Elektra registró una caída dramática, provocando una pérdida a los tenedores de alrededor de mil millones… de dólares.
La emisora reaccionó demandando al titular del organismo bursátil en reclamo de daños y perjuicios, logrando de entrada que un juez determinara dejar el escenario intacto, es decir, no mover a la emisora del Índice de Precios y Cotizaciones mientras se agotaba el proceso.
Naturalmente, la posibilidad de un fallo adverso contra el dirigente provocó nerviosismo en el Consejo de Administración del organismo bursátil, considerando que si éste se hiciera cargo de cubrir la eventual indemnización, la descapitalización sería estratosférica.
El volumen de reservas preventivas que maneja la Bolsa Mexicana de Valores vía el Instituto para el Depósito de Valores, es de mil 500 millones de pesos.
Notificado Téllez de la querella, el tres de julio del 2011 reportó la Bolsa el asunto como hecho relevante, pero soslayó el posible efecto económico que pudiera causarle.
Una semana después el mercado bursátil debió reconocer que por decisión judicial los papeles de Elektra no saldrían del Índice de Precios y Cotizaciones.
Lo dramático del asunto es que el 24 de abril del 2013, con una sentencia en su contra por parte del juez 27 de lo Civil, la Bolsa informó que recurriría a una instancia superior… aunque soslayó que el dardo fuera contra su presidente. Más allá, el 10 de julio, en la posibilidad de perder el segundo round, la instancia señaló escuetamente que ha venido informando al público inversionista de la evolución de los procesos judiciales iniciados en su contra, pero sin especificar cuáles eran éstos.
Los inversionistas, pues, se quedaron en las mismas.
Finalmente, el 20 de noviembre del año pasado Téllez perdió en segunda instancia, al confirmar la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la sentencia del juez 27 de lo civil.
El hecho relevante no fue reportado. La paradoja del caso es que tampoco en los Estados Financieros del organismo bursátil correspondientes al 2013 se transparenta con claridad el asunto, por más que se habla que el monto del renglón de honorarios subió por el litigio contra Elektra.
Ahora que la Bolsa enfrenta también otros problemas, por ejemplo el que se haya designado a Jorge Alegría como director general de dos instancias que requerían cada una de tiempo completo.
Estamos hablando de Asigna y el Mercado Mexicano de Derivados.
En el escenario, las dos filiales enfrentan problemas.
De hecho, se habla de su venta al Mercado de Valores de Chicago, quien es uno de los socios de la Bolsa.
Por lo pronto, los papeles de la instancia están de capa caída.
BALANCE GENERAL
Después de un largo paréntesis de un año tras su aprobación por parte de la Cámara de Diputados, el Senado desahogará una reforma a la Ley de Aviación Civil que, entre otras cosas, le otorga facultades a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Economía para fijar tarifas máximas en rutas aéreas.
Bajo el marco jurídico actual las empresas aéreas son quienes determinan los precios al público.
La discrecionalidad había provocado una catarata de abusos, sobre todo cuando las rutas no tienen competencia que permita el contrapeso.
El escenario se agudizó tras la salida de las pistas de Mexicana de Aviación.
Las mayores ventajas fueron para Aeroméxico, al punto que sus precios en vuelos nacionales a determinados destinos cuestan más que los internacionales.
PACTO FISCAL CASI
Aunque aún hay reticencia por parte del Consejo Coordinador Empresarial, organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros empujan la posibilidad de firmar el Acuerdo de Certidumbre Hacendaria que está planteando la Secretaría de Hacienda.
La oferta de la dependencia garantiza cero modificaciones al marco tributario en los próximos tres años para dar certidumbre a los inversionistas.
Sin embargo, el clamor de las empresas apunta justo a lo contrario. No más impuestos, pero reversa a algunos de los que se derivan de la reforma fiscal.
Las compañías de seguros fueron de las menos afectadas con la catarata, lo que explica su ímpetu, por más que sus inversiones alcanzan el cuatro por ciento del PIB, llegando a 656 millones de pesos.
Por lo pronto, los amparos interpuestos se han ido cayendo por falta de mérito, es decir, aún no es clarificable la afectación a los solicitantes.
RAZONES DE TELMEX
De acuerdo a Teléfonos de México, su promoción de cara a la clientela que acude a sus centros de venta en el país se ha traducido en el 20.8 por ciento de las suscripciones que ha logrado la firma de televisión satelital Dish a partir de su lanzamiento al mercado. Además, la empresa del magnate Carlos Slim reconoce que en el 2008 celebró un contrato de arrendamiento con la firma encabezada por Ernesto Vargas, que incluye conmutadores, radiadores, servidores, software, televisores y equipos diversos de telecomunicaciones y tecnología de la información.
En su defensa de la opción señala que ésta ha permitido duplicar el número de mexicanos con televisión de paga. De siete millones en el 2009 hoy se alcanzan 14.5.
El milagro lo logró un abaratamiento de 44 por ciento en las tarifas.
CAMBIO EN LA SS
Experto en políticas públicas del sector, el hasta ayer presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, Fernando González Pier, es el flamante subsecretario de Desarrollo e Integración de la Secretaría de Salud.
Su responsabilidad es hacer efectiva la posibilidad largamente anhelada de la portabilidad, es decir, el derecho de los afiliados al IMSS de ser atendidos en el ISSSTE y viceversa, incluida, la posibilidad de los hospitales de la Secretaría de Salud.
La idea es evitar huecos en algunos hospitales y saturación en otros.
En paralelo, el funcionario deberá consolidar el programa de compras en común de las instancias del sector, que se instrumentó este año.
González Pier ha sido director de Finanzas del IMSS, además de trabajar en la Secretaría cuando se abrió el camino al Seguro Popular.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
