¿No ameritaba la gravedad de lo encontrado acciones más contundentes?
¿La imposición inmediata de medidas cautelares?
Una y otra vez se repite: ¿nadie sabía lo que pasaba en Guerrero?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró un informe especial en el 2013 en atención a los grupos comunitarios y la seguridad pública en Guerrero.
Ahí se señala que "grupos de autodefensa decidieron encargarse de la seguridad de la población frente a la delincuencia, inseguridad y violencia en que se vieron inmersas sus comunidades ante el abandono y la omisión de las autoridades estatales y municipales de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de seguridad pública".
Hay un párrafo por demás contundente que señala: "es un hecho innegable que la seguridad pública en el estado de Guerrero enfrenta un momento muy sensible y delicado, no sólo por el número de delitos que diariamente se comenten y por la violencia presente en su comisión, sino también por las estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual ha conllevado que los derechos de los guerrerenses se vulneren día con día".
Continúa: "Resulta preocupante que la población ha estado continuamente inmersa en violaciones a los derechos humanos en la mayoría de las comunidades en donde prolifera el abuso del poder, la falta de aplicación de la ley, el incumplimiento de las reglas del debido proceso y la ausencia de sanciones legales a aquellos servidores públicos infractores o negligentes, así como la falta de sistemas efectivos de control en las dependencias encargadas de brindar seguridad pública".
El documento narra los resultados de las entrevistas con 300 víctimas de delitos y señala que gran parte de ellos refirió haber sido víctima de casos de colusión entre las autoridades y la delincuencia. Destacan relatos en los que las víctimas identifican a las autoridades como los responsables de la comisión de delitos graves como el secuestro, así como la crueldad y el alto grado de violencia con que fueron cometidos estos delitos en su contra.
La Comisión pidió informes a las Secretarías de la Defensa, Marina, Gobernación y a la PGR, así como a las autoridades locales. El tema ausente en las 116 páginas es el narcotráfico. No se nombra. No existe. Se evade.
El informe, presentado el 18 de diciembre de 2013, muy cerca de las fiestas navideñas, contiene conclusiones y propuestas. ¿No ameritaba la gravedad de lo encontrado acciones más contundentes? ¿La imposición inmediata de medidas cautelares?
Al Senado le propone "tener a bien adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales a fin de que se analice la situación que impera en el estado de Guerrero…" ¿Le pedía implícitamente analizar la desaparición de poderes?
Del informe derivaron además, siete propuestas al titular del ejecutivo local; tres al Congreso del Estado y 3 a los ayuntamientos.
El Gobierno de Guerrero respondió con un comunicado de prensa donde señaló que "el informe no implicaba ningún tipo de seguimiento y que la CNDH no había requerido respuesta alguna al Gobierno del Estado". La reacción del ombudsman fue sólo decir "es lamentable". Y eso sí que es lamentable. ¿Por qué no insistir con firmeza? ¿Por qué no mantener la atención necesaria antes de que ocurrieran los sucesos de Iguala, que siguieron la lógica de la espiral de violencia que ya se anunciaba? Bien por el informe, mal porque el seguimiento se quedó en lamento.
El Gobierno de Guerrero también dijo que "mantendría informada a la sociedad y a la opinión pública sobre las acciones que se han realizado y se emprenderán en seguridad pública y procuración de justicia". No informó de nada porque no hizo nada.
La crisis actual está alcanzando a casi todas las instituciones, incluida la CNDH. No hay autoridad moral de un ombudsman marcado por la indiferencia y la complacencia.
