Importancia. A través de sus portales, las autoridades deben poner a disposición de los ciudadanos información básica sobre la labor que realizan.
El top ten de portales con el más bajo nivel de cumplimiento en cuanto a obligaciones de transparencia lo conforman los municipios de Coneto de Comonfort, Canatlán, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Simón Bolívar y Topia, además de los partidos PRD, PT y Nueva Alianza.
Estos portales tuvieron un nivel de cumplimiento del cero al tres por ciento, es decir, no tienen información disponible para la consulta de los ciudadanos, pese a que la Ley los obliga.
De acuerdo a los resultados de la última verificación de la Información Pública de Oficio que realiza el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), el 58 por ciento de los sujetos obligados incrementó su nivel cumplimiento, el 11 por ciento se mantuvo sin cambio y el 31 por ciento redujo su nivel.
En contraste, los diez portales con el nivel más alto de cumplimiento (del 99 al 100 por ciento) son: Universidad Tecnológica de Durango, Entidad de Auditoría Superior del Estado, Universidad Juárez del Estado de Durango, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ayuntamiento del Municipio de Durango, Dirección del Archivo Histórico, Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad Pedagógica de Durango, Museo Bebeleche y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
En total, 21 dependencias del Poder Ejecutivo bajaron su nivel de cumplimiento y 29 lo incrementaron. Del Poder Judicial, dos instancias aumentaron su cumplimiento y dos lo disminuyeron.
El Poder Legislativo redujo su nivel de cumplimiento mientras que de los órganos autónomos, dos aumentaron y uno no tuvo cambio.
Por otro lado, 27 municipios incrementaron el porcentaje de información pública disponible en sus portales, 11 bajaron y tres se mantuvieron sin cambios.
En cuanto a los partidos políticos, cinco "subieron" más información y tres siguen sin cambios.
Es de recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece en su capítulo III la información pública que debe ser difundida de oficio.
Asimismo, se contemplan sanciones que, no obstante, es necesario incrementar ya que en reiteradas ocasiones se ha dicho que son como "llamados a misa".
