La Reforma Energética incluye cambios muy positivos, pero hasta cierto punto insuficientes para colocar a México a la altura de la industria global de los hidrocarburos y de la energía eléctrica. Su alcance se concretará en las leyes secundarias que está próximo a aprobar el Congreso de la Unión, presumiblemente antes de que finalice este mes. Pero eso no será el final del proceso, puesto que luego pasarán hasta seis meses para conocer los reglamentos respectivos.
Por ahora, lo que se tiene al respecto son las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo para su discusión en el Legislativo. Con base en ellas han aparecido diversos comentarios que evalúan sus bondades y limitaciones. Aquí presento algunas reflexiones, en particular sobre los "prietitos en la reforma", entre los que destacan factores que considero restarán atractivo a las inversiones en energía en nuestro país.
Primero, la aprobación de las leyes secundarias de energía encuentra bastante menos trabas que las experimentadas por las correspondientes a las telecomunicaciones. La razón es simple. Mientras que en estas hay poderosos intereses en juego, las empresas de energía son monopolio estatal y sus sindicatos se han alineado a la voluntad del Ejecutivo.
Segundo, los cambios constitucionales fueron avalados solamente por el partido en el gobierno (PRI) y el PAN. En este sentido, sería de esperarse que la combinación PRI-PAN saque adelante su legislación secundaria. Eso, sin embargo, no significa que pasará sin contratiempos.
No olvidemos, en particular, la intención de los partidos de izquierda de llevar a cabo un referéndum nacional en verano del 2015 para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a los cambios constitucionales en materia de energía.
Integrantes del PRD viajaron hace varias semanas a Estados Unidos (EU) y planean hacerlo luego a Europa para alertar sobre esa consulta a los inversionistas, con el objetivo de que las decisiones de inversión se pospongan hasta después del resultado, lo que dilataría bastante la entrada de recursos.
Tercero, México muestra un rezago considerable con respecto a EU en la explotación de petróleo en el Golfo de México y enfrentará diversas dificultades para impulsar la producción de hidrocarburos de esquisto (shale).
En efecto, mientras en EU los derechos de posesión del terreno implican también los derechos sobre los hidrocarburos en el subsuelo, estos últimos en México son propiedad de la nación. En dichas condiciones, la explotación de hidrocarburos de esquisto será menos atractiva para los inversionistas, a menos que el gobierno mexicano lo compense de alguna manera, por ejemplo, con impuestos y regalías más bajos que los imperantes en EU, lo que no será el caso.
Cuarto, otro problema severo será la existencia de yacimientos de petróleo y gas en terrenos ejidales, ya que para muchas otras actividades han representado un obstáculo difícil de superar.
Al respecto, cabe mencionar que la iniciativa de legislación secundaria incluye la propuesta de crear el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como entidad mediadora para reglamentar la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos. Está por verse la efectividad de este Instituto.
Quinto, los precios bajos del gas natural en EU hacen que su producción sea más rentable si proviene de yacimientos de esquisto, muchas veces acompañados de petróleo, mientras que todo indica que en México las mayores reservas corresponden a gas seco en el noreste del país, donde además existe un severo problema de seguridad.
Sexto, la explotación de yacimientos de esquisto requiere mucha agua, y para obtenerla las empresas tendrán que negociar con diferentes órganos de gobierno e intereses particulares, lo que pudiera ser una pesadilla que termine por desalentar la inversión en el sector.
Séptimo, el problema de corrupción en el gobierno mexicano es endémico. Es ingenuo pensar que nuestros burócratas no buscarán beneficiarse por los trámites que tengan que cumplir las empresas extranjeras para invertir en el sector energético. No olvidemos, sin embargo, que su comportamiento en el exterior es vigilado en sus países de origen.
En síntesis, la aprobación de las leyes secundarias será un gran avance en la apertura del sector energético en nuestro país, pero las reflexiones anteriores muestran que debemos ser cautelosos con las previsiones alegres de nuestras autoridades respecto a los montos y tiempos en que entrarán nuevas inversiones, así como sus efectos sobre el crecimiento del país.
