Hoy el presidente Enrique Peña Nieto promulgará la reforma constitucional en materia político-electoral.
Resultado de un arduo análisis, negociación y acuerdos, las modificaciones a más de una veintena de artículos de la Carta Magna, vislumbran apenas el primero de un sinnúmero de esfuerzos para acrisolar el fortalecimiento del sistema democrático y electoral mexicano.
Criticada por algunos sectores y calificada por otros como necesaria, esta reforma no pretende ser definitiva. Considerarlo así implicaría dejar de reconocer el sentir de nuestra sociedad plural. Como toda ley, siempre será perfectible.
Lo que no podemos regatear es que marca una nueva etapa en la historia de nuestro país, en concordancia con el firme e ineludible compromiso de transformar a México.
Desde la emblemática reforma de 1990, la de hoy ha sido la criticada y cuestionada sin que se tome en cuenta el reconocido prestigio del sistema electoral mexicano, pilar en el avance democrático, al dotar de valores indubitables como la confianza y la certidumbre a los procesos electorales de los últimos 20 años.
Es oportuno puntualizar que en lo político y sin pretender hacer un resumen del contenido, la reforma permite la reelección consecutiva de legisladores federales y locales. La PGR se convierte en Fiscalía General y establece la posibilidad de un gobierno de coalición que se regulará por el convenio y programa que sean aprobados por la mayoría de los presentes del Senado.
Todos estos nuevos conceptos están fundados en el principio de pesos y contrapesos para equilibrar el ejercicio del poder y propician la participación de todos los actores.
En lo electoral, el punto de inflexión de la reforma es la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), sin dejar de reconocer la importante y eficaz aportación a nuestro sistema democrático que ha dado el IFE por más de 20 años.
Además de ser un órgano autónomo constitucional, el INE ejercerá los valores de independencia, objetividad, imparcialidad, equidad y legalidad, para organizar los procesos federales y locales, y garantizar que la única fuerza imperante sea la voluntad libre, universal, personal y secreta que el electorado expresa en las urnas.
Aunque en la redacción del régimen transitorio se establece el plazo para la integración del nuevo INE, hay quienes han aprovechado este mandato para poner en duda la probidad de los actuales consejeros electorales e intentan hacer de ello una moneda de cambio. Se equivocan.
Los consejeros que hasta hoy han tenido esa responsabilidad han sido congruentes con su prestigio, asumiendo incluso al interior del IFE una actitud que privilegia, ante todo, el respeto y fortalecimiento de la institución.
Así pues, el Poder Legislativo enfrenta hoy la alta encomienda de mantener la congruencia de la reforma constitucional en las leyes secundarias y cerrar el paso a la incertidumbre; será un debate público en el que las voces de especialistas tienen mucho que aportar.
Se trata de fortalecer nuestra sólida democracia electoral, para que este tema deje de ser pretexto y alcanzar una democracia en lo productivo y en consecuencia en lo social.
Ni las suspicacias políticas ni el asistencialismo pueden resolver las necesidades de millones de familias mexicanas, que exigen un Estado democrático, sí, pero sobre todo eficaz.
@analiliaherrera
Senadora de la República por el Estado de México
