Además de ser asuntos vinculados con el tema de la seguridad, algo en común tienen las manifestaciones en Sinaloa a favor del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, y el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán. Ambos son fenómenos sintomáticos de los vacíos que ha dejado el Estado mexicano.
Sería una necedad negar que desde hace años hay territorios del país controlados por la delincuencia organizada. En nuestra región, por ejemplo, es del conocimiento público que hay colonias en donde el hampa señorea y que, para quienes no viven ahí, es mejor evitar el tránsito a través de ellas. Lo mismo ha ocurrido en zonas rurales en donde el narcotráfico se ha convertido en la principal actividad económica para los habitantes de pueblos. Ahí, la autoridad no es el gobierno institucional, sino los lugartenientes de los cárteles.
En este contexto, es perfectamente entendible, mas nunca justificable, que existan grupos de personas que se organicen para exigir la liberación de quien se dice que es el capo más poderoso del mundo. Para muchos de esos mexicanos la única referencia de autoridad que tienen es la estructura de bandas criminales. De ahí que, en consecuencia, vean a las instituciones del Estado como enemigas.
Pero el vacío de poder y la ausencia de autoridad institucional también provoca hartazgo entre la población que constantemente es víctima de la delincuencia organizada y no encuentra respuesta ni cobijo en el gobierno. Ese hartazgo llevó a varios empresarios, terratenientes y ciudadanos de Michoacán a tomar la seguridad de sus comunidades en sus propias manos, formando grupos de autodefensa que operan al margen de la ley y con un alto riesgo de convertirse en lo que intentan combatir.
Atajar el problema de fondo implica desplegar una estrategia de gran calado que busque recuperar los territorios perdidos por el Estado pero, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la ley.
Aunque la captura de Guzmán Loera y la incorporación de las autodefensas a las estructuras de seguridad pueden ser presumidos por el discurso oficial como grandes logros, lo cierto es que resultan insuficientes para construir la tranquilidad y el desarrollo sano de la sociedad mexicana. Mientras sigan existiendo esos vacíos dejados por el Estado, habrá el riesgo de que sean llenados por la delincuencia.
