No hemos conocido, en todos estos años, casos paradigmáticos que hayan servido como medios de persuasión o disuasión.
Miguel de la Madrid enarboló, desde su campaña a la Presidencia, la "renovación moral". Veníamos del escándalo de la Colina del Perro, como se le llamó al conjunto de casas construidas en Cuajimalpa para el retiro de la familia López Portillo. Hace diez años, cuando falleció el expresidente, se narró la forma en que los pobladores vieron cómo se fue construyendo el conjunto en una zona que en otro tiempo fue de inmensa pobreza. El artículo se llamó: El día en que el lujo enfureció a la miseria.
Hoy, otro lujo, otro espacio para retiro presidencial, de nuevo enfureció a la sociedad mexicana. En ambos casos, las preguntas sobre el origen de los recursos son constantes.
La renovación moral de De la Madrid se convirtió en reforma constitucional para establecer un sistema de responsabilidades de los servidores públicos de donde derivó una ley reglamentaria. El sistema está diseñado para que tengan consecuencias los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, con tres tipos de responsabilidad: la política, la administrativa y la penal.
El sistema prevé, para la sanción, que el beneficio lo reciba el propio servidor público o su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que se tengan vínculos afectivos. Así de claro.
La pregunta, a más de treinta años, es si todo el andamiaje jurídico construido sirvió de algo o no. Desafortunadamente, la respuesta es que de muy poco. No hemos conocido, en todos estos años, casos paradigmáticos que hayan servido como medios de persuasión o disuasión. Castigos ejemplares y expedientes que hayan terminado con sanciones que hayan ido acompañadas de la reparación del daño. Los márgenes de impunidad, por el contrario, se han ido ampliando.
En la administración pública funcionó, desde 1983, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, le siguió la de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública. Esta última está viviendo horas extra en una transición incompleta.
Al inicio del sexenio de Fox, se dio el anuncio de que irían tras peces gordos. Poco tiempo después, rebasado por la mofa de los pececitos de colores, el propio Francisco Barrio, entonces secretario, manifestó que el diseño institucional no era el idóneo y aunque había indicios de corrupción en licitaciones y contratos de obra pública, poco se podía hacer. En 2003 se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera que tampoco ha logrado cumplir sus objetivos del todo y evitar, en consecuencia, las cuotas y los cuates.
Aunque nadie quiere más leyes, sino que las que existan se cumplan, en las últimas horas de este período de sesiones se busca sacar adelante el sistema anticorrupción. Sin embargo, si éste no tiene los consensos necesarios dentro y fuera de San Lázaro con los compromisos de cumplimiento real, es preferible que se revise con cuidado en el período próximo.
Del Congreso tiene que emanar un esquema que reconozca los viejos males y presente nuevos remedios a través de un sistema de rendición de cuentas que colme lagunas e integre y armonice las distintas instancias existentes. No se trata de llenar de nuevo el botiquín de primeros auxilios con medicina caduca, sino poner en funcionamiento un sistema de terapia intensiva para atender los graves males crónicos que nos aquejan.
Paralelamente debe venir la explicación del Presidente sobre la casa de Las Lomas y sus relaciones con Higa. Es un paso indispensable sin el cual no habrá legitimidad alguna para encabezar acciones creíbles contra la corrupción. Lo mismo aplica a sus colaboradores respecto de sus vínculos con la inmobiliaria.